La Fiscalía admitió este lunes la denuncia de la Gestora Pública contra el candidato presidencial del MAS y exministro de Economía, Luis Arce, y otros funcionarios del anterior gobierno por la supuesta compra irregular de software para la base de datos del fondo de pensiones. Arce anunció que se presentará a declarar y dijo que solo buscan dañar su imagen.
El gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, se presentó en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para ratificar la denuncia escrita que presentó al Ministerio Público, hace dos semanas. En esa oportunidad, aseguró que Arce y otros funcionarios que intervinieron en dos contrataciones de software habrían generado un presunto daño económico al Estado de al menos $us 14 millones.
«Nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Entregamos al Ministerio Público todas las pruebas que son contundentes contra los involucrados en este caso y ratificamos la denuncia”, dijo la autoridad. Los delitos por los cuales se investigará a Arce son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Con la declaración de Flores ante la FELCC se subsanaron las observaciones que en dos oportunidades el Ministerio de Economía alertó sean corregidas, para que la denuncia no sea rechazada por la Fiscalía. “La denuncia ya fue aceptada por el Ministerio Público, por lo que los denunciados tendrán que presentarse en los próximos días para declarar”, explicó Flores a los periodistas.
Según las investigaciones realizadas por la Gestora Pública, en 2017 y 2019, se firmaron dos contratos para la compra de un software especializado para la implementación del Sistema Integral de Pensiones. El primero fue suscrito con la empresa panameña Sysde Internacional Inc. por $us 5,1 millones. Tras rescindir el convenio por incumplimiento, se firmó uno nuevo con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology, el 23 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones generales, por $us 10,9 millones.
La firma panameña debía entregar 83 productos de software con 890 adecuaciones normativas operativas del sistema y tenía que migrar el 100% de los datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, pero no cumplió. En el primer contrato el Estado desembolsó $us 3 millones y el segundo fue suspendido en diciembre por el actual Gobierno transitorio.
Arce aseguró que una vez más se trata de afectar su candidatura con cualquier motivo y que el gobierno de Jeanine Áñez busca distraer a la población y no aclarar algunas irregularidades. “Vamos a presentarnos cuando nos citen a declarar y demostraremos que no hubo nada irregular y que solo buscan lanzar barro y dañar nuestra imagen”.
(20/07/2020)
