La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito anuló una sentencia que favorecía al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez por la Masacre de Octubre, ocurrida en 2003.
La información fue difundida por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, que señaló que las exautoridades fueron declaradas responsables en el marco del Estatuto de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) e indemnizó con $us 10 millones a los demandantes.
Un mes más tarde, un tribunal de primera instancia liberó de culpas a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín debido a una presunta falta de pruebas.
Debido a la posibilidad de exportación de gas natural bolivianos a Estados Unidos a través de puertos chilenos, organizaciones sociales se movilizaron entre septiembre y octubre contra el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Las protestas derivaron luego de una serie de demandas que supusieron luego una crisis política.
En la represión militar de entonces murieron 58 personas y resultaron centenares de heridos, que años después aumentaron la cifra de fallecidos a más de 70. El 17 de octubre, obligado por la masificación de las protestas y la carga de las muertes, Sánchez de Lozada renunció desde Santa Cruz, desde donde partió esa noche con rumbo a Estados Unidos.
Entonces, el Congreso Nacional aceptó la renuncia del líder del MNR y permitió la asunción del vicepresidente Carlos Mesa, que semanas antes había renunciado al gobierno molesto por las represiones, especialmente en El Alto, La Paz, Ventilla, Warisata y Sorata.
El Tribunal de Apelaciones, según “La Clínica”, consideró este lunes que los demandantes tenían una oportunidad de un nuevo juicio. La Corte de Apelaciones devolvió el antiguo fallo al tribunal de primera instancia, que debe decidir si el veredicto del jurado debe ser reintegrado bajo la norma correcta y se celebre un nuevo juicio con relación a los reclamos de homicidio culposo de los demandantes.
“Este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia”, dijo Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard.
“Hoy es una victoria para los derechos humanos”, insistió.
Los demandantes de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son Etelvina Ramos y Eloy Rojas. Este último es el padre de Marlene, la niña de ocho años asesinada en Warisata por militares mientras veía la represión desde la ventana de su casa.
La represión se ejecutó en el marco del llamado Plan República, dispuesto contra las movilizaciones de septiembre y octubre.
(03/08/2020)
