Este viernes, el viceministro de Justicia, Erasmo Vargas Camacho, interpuso ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por siete delitos contra Evo Morales, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Juan Carlos Huarachi.
Las figuras legales con los que se acusa a los cinco dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) son terrorismo, genocidio, sedición, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, e instigación pública a delinquir.
En la “relación de los hechos” de la denuncia planteada por el viceministro Vargas Camacho, se señala que los delitos empiezan con el bloqueo de caminos iniciado el lunes 3 de agosto, producto del cual, “el pueblo boliviano” estaría en una “situación de subsistencia inhumana”.
Señala el documento que el bloqueo cerca de la planta de YPFB de Senkata ocasionó desabastecimiento de GLP, elemento “hoy imprescindible por la pandemia”; también se señala que los cierres de vía ya provocaron desabastecimiento de alimentos.
Citando información emitida por el Ministerio de Salud, la denuncia acusa que dichos bloqueos habrían ocasionado 34 muertos, porque no recibieron oxígeno. Aunque sin detallar nada al respecto, también se afirma que la “Aduana Nacional reporta pérdidas económicas por día de bloqueo”.
Dichos delitos, prosigue el alegato, “han sido instigados y provocados por el ciudadano Evo Morales Ayma y otros quienes digitan, incitan, promueven y alientan estos actos”. Dichas acciones, redondea la denuncia, “evitan el socorro médico provocando así un convulsión social y una clara instigación a delinquir bajo apetitos personales y de grupo”.
La denuncia asevera, además, que las medidas asumidas por “militantes del MAS” y de la COB “buscan el incremento inusitado de contagios de COVID-19”.
La denuncia sucede cuando la COB y el Pacto de Unidad, mediante un comunicado, alertaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos la intención de “reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”.
En este comunicado, además, la dirigencia laboral instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar al COVID-19.
Desde la noche del jueves, y lo reiteró la mañana de este viernes, el Gobierno advirtió que “en cualquier momento” intervendrá los cortes de vía, que hasta el cierre de la presente entrega persistían en el país.
(07/08/2020)
