En una inusual convergencia, este viernes el Gobierno boliviano y los sectores movilizados contra la postergación de las elecciones acudieron a la comunidad internacional en busca de respaldo contra lo que cada cual considera “violación de derechos humanos”.
Por la mañana, en la sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización de Estado Americanos (OEA), la canciller de Bolivia, Karen Longaric, pidió a la instancia que reúne a los embajadores de los 35 países representados en la OEA, “censurar” la violación de los derechos humanos en que estarían incurriendo los bloqueadores de caminos que exigen no cambiar la fecha de las elecciones fijadas para el 6 de septiembre.
«El Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente (Evo) Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos», demandó la ministra Longaric en el Consejo Permanente de la OEA, que se desarrolló de manera virtual.
Por la mañana también, mediante un comunicado, la COB y el Pacto de Unidad, organizaciones que promueven el bloqueo de caminos desde el lunes 3 contra la postergación de los comicios, alertaron a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos la eventual represión que previsiblemente se ejercerá contra los movilizados.
Específicamente, las organizaciones sociales se refieren a las advertencias emitidas desde la noche del 6 de agosto, en Cochabamba, por cuatro ministros, en sentido de que la fuerza pública intervendrá los bloqueos “en cualquier momento”.
“Alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos que hoy los ministros (de Gobierno, Arturo Murillo; y de Defensa, Fernando López) amenazaron con reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”, señalan en su comunicado.
En este documento, además, la dirigencia laboral, campesina e indígena instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar el COVID-19. “el pueblo movilizado está comprometido con la salud y la vida”, aseguran.
CIDH
La ministra de Relaciones Exteriores boliviana, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del viernes, también reclamó lo que considera “parcialización ideológica” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano” (sitio web oficial).
«A nombre de todo el pueblo boliviano, pido a la CIDH objetividad e imparcialidad. La CIDH no puede convertirse en un portavoz y altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización ideológica de la CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia, solo desacredita a esta importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente», reclamó la canciller.
El pasado 30 de julio, el expresidente Morales había posteado en su cuenta de Twitter el reclamo de que “los bolivianos vuelven a vivir la escasez: largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el #Coronavirus sino por sobrevivir como puede, en total abandono”.
En la cuenta oficial de la CIDH, se dio un “me gusta” al mensaje de Morales. Inmediatamente, la Procuraduría General del Estado (PGE) exigió a la CIDH que se retracte del apoyo dado al exmandatario, y que pida disculpas públicas al Estado boliviano.
Para la Procuraduría, además de tachar al exmandatario de “prófugo de la justicia boliviana”, lo dicho en su tuit no era sino “una opinión política sediciosa y dirigida a la confrontación entre bolivianos y bolivianas como parte de su campaña dirigida a la desinformación y desestabilización del país”.
La discrepancia entre el gobierno transitorio de Bolivia y la CIDH no es nueva. Aparte del informe preliminar sobre los hechos de noviembre de 2019, donde el organismo internacional directamente califica de “masacre” lo ocurrido el 15 y 19 de noviembre en Sacaba y Senkata, cuestionó la legalidad del Decreto 4078 del 15 de noviembre de 2019, por el cual se eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza para restituir el orden.
En abril de este año, la Relatoría Especial de la CIDH para la libertad de pidió anular el Decreto 4200 del gobierno, por el cual se podía enjuiciar, con una pena de uno a 10 años, a quien “desinformara” sobre la pandemia de coronavirus.
De nuevo, la Procuraduría reclamó al organismo de derechos humanos de la OEA, alegando que el decreto de marras era completamente legal.
(08/08/2020)
