El fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, instruyó a las fiscalías departamentales una investigación sobre “hechos punibles que se estuvieran registrando en los diferentes puntos de bloqueo de carreteras del país”.
La reacción del Ministerio Público ocurre una semana después de que la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad iniciarán cortes de ruta en la mayoría de vías del país en protesta por la postergación de las elecciones generales dispuesta para el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las fiscalías departamentales deberán formar de inmediato comisiones para procesar las denuncias de presuntos hechos punibles en los puntos de bloqueo de carreteras en el territorio nacional, según un instructivo emitido por Lanchipa.
De acuerdo con un comunicado de esta instancia autónoma del Órgano Judicial, cuando se reciba una queja por algún hecho de violencia en las movilizaciones sociales, las fiscalías departamentales deberán abrir las investigaciones que correspondan sin dilación alguna.
Uno de los principales puntos de indagación fiscal es la presunta comisión de delitos contra la salud pública que pudiera presentarse en los cierres de vías, señala el documento suscrito por Lanchipa.
Estos delitos se sancionan, de acuerdo con el Código Penal, en actual vigencia, hasta con 10 años de reclusión.
La autoridad puso énfasis en que la labor de averiguación de los hechos supuestamente punibles deberá llevarse a cabo dentro de principios de objetividad e imparcialidad, sin intromisiones de orden político y con respeto a los derechos humanos que asisten a todas las personas, independientemente de su condición social o postura ideológica.
En el curso de este mes, cuando comenzó el bloqueo general de caminos, hubo denuncias, formuladas en muchos casos por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, ministros, funcionarios jerárquicos del Órgano Ejecutivo, asambleístas del oficialismo y de dirigentes políticos en sentido de que las movilizaciones sociales impiden el paso de camiones cisterna que transportan oxígeno medicinal, tráileres que llevan medicamentos e insumos médicos, alimentos y otros productos de primera necesidad, así como ambulancias hacia y desde las capitales departamentales, El Alto y las principales ciudades intermedias del país.
Incluso, en las horas precedentes, ejecutivos de una empresa de transporte de pasajeros denunciaron que uno de sus conductores fue obligado a trasladar a un contingente de mineros entre dos puntos del departamento de Cochabamba, pues lo amenazaron de apedrear el vehículo.
Sin embargo, dirigentes de la COB y el Pacto de Unidad, que dirigen las movilizaciones sociales, negaron que los bloqueadores impidan el paso de vehículos que llevan cargas de insumos sanitarios o ambulancias.
El Pacto de Unidad es la alianza política de cinco confederaciones nacionales de campesinos e indígenas, tanto mujeres como varones, de las tierras altas y bajas del país.
(10/08/2020)
