Luego de haberse reunido con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la tarde del lunes, los representantes de los comités cívicos del país ratificaron su rechazo a las elecciones generales del 18 de octubre, tal como dispuso el órgano electoral.
Al salir de la reunión, el presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, tras afirmar que a los cívicos se les dio una “amplia explicación” sobre el carácter “definitivo, inamovible e impostergable” del 18 de octubre como día de la elección, se excusó de dar su parecer sobre el rechazo cívico a la referida fecha.
Lo mismo que muchos críticos a las elecciones nacionales, el principal argumento de los cívicos es que el TSE no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre (18-O) la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19. Asimismo, desconocen el imperativo constitucional de que las elecciones deben ser en 2020.
Aunque sin mostrar un contraargumento, los cívicos implicaron que el 18-O será un día fatal para la salud por asistir a votar: “No han podido respaldar científicamente (los del TSE) la fecha de las elecciones, el pueblo boliviano nos puede a nosotros acusar, si hay enfermedad y muertes en Bolivia”, dijo al salir de la reunión el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Al respecto, Romero Ballivián señaló que el TSE fijó el 18-O con base en el único criterio válido sobre lo que pasará con la pandemia en el futuro, que es el análisis de la evolución del mal. Se determinó el 18-O, dijo el vocal del TSE, “a partir de un conjunto de informes oficiales, pero también de proyecciones de centros académicos sobre la evolución de la pandemia, que nos indican que ésta tendrá su pico, y de hecho es algo que los bolivianos hoy estamos sufriendo, justamente en estas semanas hasta principios de septiembre”.
Pero los cívicos, tras la reunión, no se quedaron en el desacuerdo; sin precisar el delito en que estaría incurriendo el órgano electoral (así como el Legislativo y el Ejecutivo, que avalaron la nueva fecha de la elección) anunciaron que “demandarán” al TSE: “En cambio, vamos a hacer una demanda al TSE porque no nos da las garantías”, afirmó el cívico Calvo. Más tarde, en entrevista con radio Panamericana, el directivo cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, afirmó que se demandaría al TSE por “estar atentando contra nuestra vida”.
Señalando que “es anticonstitucional que me quieran obligar a mí a arriesgar mi vida para ir a votar”, igualmente los cívicos desconocieron cualquier razón legal o imperativo jurídico para la realización de las elecciones el 18-O.
Al respecto, Romero Ballivián, una vez más reiteró que el 18-O es la fecha límite porque, tomando en cuenta que muy probablemente habrá segunda vuelta, las nuevas autoridades electas sí o sí deben ser elegidas y posesionadas en 2020: “Por otro lado, esa es la fecha impostergable porque tenemos una exigencia constitucional, la de elegir y posesionar autoridades en 2020”, remarcó el vocal.
Nuevamente, como hacen algunos partidos que hoy están en carrera electoral, los cívicos en su reclamo al TSE no dejan de arrogarse la representatividad de “la mayoría”, sino de toda, “la población boliviana”. El Tribunal Electoral, dijo el cívico potosino Manuel, “no está velando el interés de la mayoría de la población boliviana, simplemente está velando el interés de los políticos partidarios caducos”.
Manuel añadió otro factor adicional al sanitario para oponerse a las elecciones: el padrón electoral “siempre hemos dicho nosotros que queremos la anulación de la convocatoria a elecciones, hasta mientras subsanen el padrón electoral y todo lo demás para no tener problemas respecto a fraudes y toda aquella situación”, destacó en radio Panamericana.
Sin dejar ningún rastro de cualquier posibilidad de acuerdo sobre la fecha de la elección, tras la reunión con el TSE, los cívicos anunciaron que en los próximos días se reunirán en la ciudad de Santa Cruz esta vez para definir medidas de presión.
(17/08/2020)
