La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados aprobó una declaración camaral que exige la otorgación de salvoconductos a las siete exautoridades refugiadas en la residencia de la embajada de México, en La Paz.
El diputado miembro de esa comisión Juan Vasquez Collque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló a La Razón que la declaración fue aprobada para hacer prevalecer el derecho del asilo. Que “de una vez estos compañeros puedan beneficiarse del asilo que ellos han solicitado”, señaló.
Las exautoridades que desde noviembre de 2019 se encuentran refugiadas en la residencia de la embajada de Mexico, que buscan asilo en ese país y están a la espera de salvoconducto, son los exministros de Justicia Héctor Arce Zaconeta; de Culturas Vilma Alanoca Mamani; de la Presidencia Juan Ramón Quintana; de Gobierno Hugo Moldiz, y de Defensa Javier Zabaleta; el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna.
Para el legislador, los siete asilados en la residencia de México están siendo objeto de abierta persecución política, antes que de un proceso judicial. “De entrada se los está persiguiendo, como a mucha gente en el país”.
La declaración camaral, según el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, es un “pronunciamiento que expresa la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional”; y en el caso específico es como es como una exhortación que hace la Asamblea Legislativa Plurinacional al Órgano Ejecutivo.
De la referida comisión, la declaración debe pasar a ser considerada en el plenario de Diputados; de aprobarse, será enviada al Órgano Ejecutivo.
Si bien el propio diputado Vásquez Collque reconoce que el Gobierno puede negarse a tomar en cuenta dicha exhortación, puede ser un precedente para posibles futuros procesos legales en que se juzgue la actuación hoy del Órgano Ejecutivo en relación al derecho de asilo.
Para el diputado Gonzalo Barrientos, de la gubernamental Unidad Demócrata (UD), la declaración muestra la actitud contradictoria del MAS, que si de un lado reclama el salvoconducto para sus exautoridades, de otro impulsa una ley de arraigo para las actuales autoridades electas una vez que terminen su mandato hacia fines de 2020.
Como ya se señaló en reiteradas ocasiones, el Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez considera que los salvoconductos no corresponden porque sobre las siete exautoridades pesan acusaciones de delitos penales.
(19/08/2020)
