En un sondeo de opinión efectuado entre el 1 y 16 de agosto entre 118 entrevistados del país, salió a flote una marcada desconfianza en que “el Gobierno de la presidenta Añez está comprometido con la realización de las elecciones generales en el 2020”.
El dato es uno de los resultados de la “Tercera Ronda del denominado Cuestionario Delphi: Escenarios prospectivos”, que periódicamente lleva adelante la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), Bolivia.
Se trata, aclara FES Bolivia, de un grupo de 118 entrevistados “plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, donde hay “un predominio, todavía, de hombres y de personas del eje central del país”. Es más, siendo un informe de carácter cualitativo, restringido a quienes respondieron el cuestionario, “no tiene ninguna pretensión de representatividad”. La consulta fue echa vía online.
En la parte de la encuesta sobre el proceso electoral, a la pregunta de si el entrevistado cree que el Gobierno esté comprometido con la realización de las elecciones en 2020, 68,2% (más de dos tercios) considera que no, 18,7% afirma que sí, y 13,1% que no sabe.
Esta desconfianza de la voluntad del Gobierno interino de efectuar la elección este año, contrasta con la masiva disposición de los entrevistados a asistir a votar el 18 de octubre: 85% dice que sí irá a votar; 8,4% que no decidió todavía; y sólo 6,5% que no lo hará.
Ahora, en cuanto a la participación de la gente en el proceso electoral no solo con el voto, sino de manera directa como jurado electoral, la encuesta revela la persistencia del temor frente al coronavirus.
Cuando a los 118 entrevistados se les pregunta “¿qué cree que harán mayoritariamente las personas que sean designadas como jurados electorales para las elecciones de octubre?”, llama la atención que 26,2% (un cuarto del universo) haya dicho que las personas “aceptarán la designación y participarán en el proceso de capacitación”, o sea, mostrarán plena participación.
Ya viendo un poco más de temor al contagio, 40,2% de los encuestados dice que la gente “aceptará la designación, pero solo cumplirá labores el día de la elección”.
Por el contrario, 28% (otra vez, poco más de un cuarto) definitivamente cree que los designados jurados electorales “no aceptarán la designación y buscarán excusarse y pagar la multa”.
Pese a este elevado porcentaje que cree que el jurado buscará eludir su obligación, en todo caso no es de menospreciar la cierta convergencia de las dos primeras categorías: el jurado en 66,4% asumirá su designación —consideran los encuestados—, de modo pleno (26,2%), y de modo distante, pero participación al fin, 40,2%.
Llamado de atención al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al parecer, pues en la siguiente pregunta sobre la información que está dando el TSE sobre el proceso electoral, cuando 1 significa “nada”, y 5 implica “mucho”, los encuestados califican al TSE con un promedio de 2,3: aplazo.
Aunque, es bueno notarlo, cuando se indaga si este TSE va garantizar “elecciones limpias y transparentes”, 70,1% afirma que sí; sólo 16,8% que no; y, 13,1% que no sabe.
Las elecciones dispuestas para el 18 de octubre por el TSE fueron validadas por la Ley 1315, sancionada inicialmente por la Asamblea Legislativa y promulgada después por Áñez.
Los comicios debieron llevarse el 3 de mayo, pero fueros suspendidos debido a la emergencia sanitaria. Luego, la Asamblea Legislativa modificó la fecha hasta el 2 de agosto con la Ley 1297, en vista de la necesidad de anular la anterior, pero el Gobierno la denunció ante el Tribunal Constitucional. Más tarde, a iniciativa del TSE, los legisladores aprobaron el 6 de septiembre y Áñez firmó apenas la ley, 1304, al cuestionar la fecha.
(20/08/2020)
