En medio del conflicto de poderes, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que dicta el “arraigo” de todas las altas autoridades públicas, hasta tres meses después de haber culminado su gestión o haber sido destituidas. La norma pasó para su revisión a la Cámara de Senadores, y ya cuenta con el desacuerdo del Gobierno y el oficialismo en el Legislativo.
El pleno camaral avaló con modificaciones la propuesta. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), aclaró que con la aprobación de este cuerpo legal se apunta a precautelar los intereses económicos del país, para que los funcionarios rindan cuentas de sus gestiones ante sus sucesores y otras instancias.
“Hemos visto durante esta gestión de nuevo u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia”, remarcó el diputado, quien informó que la Dirección de Migración será clave para que se pueda aplicar esta normativa.
La ley incluye a los altos cargos de los cuatro órgano del Estado, léase Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Asimismo, se ratifica que en caso de que las autoridades salientes incumplan este “arraigo”, se les entablará los respectivos procesos penales.
El documento aprobado señala que el objeto de la ley “es establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores de la Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
En contacto con Bolivia TV, la diputada oficialista Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD), calificó a la norma como inconstitucional, al atentar contra la presunción de inocencia y la libre locomoción, y culpó al MAS de aprobarla con fines netamente político partidarios. Ya anteriormente la canciller Karen Longaric la tildó como un “absurdo jurídico”.
(26/08/2020)
