Mediante tres tuits publicados esta tarde, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) cuestionó el proyecto de la llamada Ley de Arraigo, pues, en su criterio, transgrede “estándares internacionales de derechos humanos”.
El proyecto de la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional que a la fecha se tramita en la Asamblea Legislativa en lo esencial dispone (texto que fue aprobado este miércoles 26, en la Cámara de Diputados) que su objeto es:
“Establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores de la Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
En su primer tuit, la OACNUDH señala que el obligar a las autoridades a permanecer tres meses en el país luego del cese de su mandato va contra normas básicas internacionales en derechos humanos.
Esto es explicado en su segundo tuit, en el que alude que los derechos elementales que transgrede el referido proyecto de ley son la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de circulación, y que éstos no pueden estar por debajo o subordinados a la demanda de rendición de cuentas (que es lo que en último término se busca con la Ley de arraigo).
Textual, la Alta Comisionada apunta: “La rendición de cuentas es fundamental, pero su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”.
En el tercer tuit, la OACNUDH recuerda “la relevancia que supone” o que debe suponer para el país, “el respeto a las garantías judiciales, el debido proceso y la presunción de inocencia”.
En defensa de la proyectada ley, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del ahora opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), aclaró que con la aprobación de este cuerpo legal se apunta a precautelar los intereses económicos del país, para que los funcionarios rindan cuentas de sus gestiones ante sus sucesores y otras instancias.
“Hemos visto durante esta gestión de nueve u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia”, remarcó el diputado, quien informó que la Dirección de Migración será clave para que se pueda aplicar esta normativa.
Tanto las autoridades del Órgano Ejecutivo como los asambleísta cercanos al gobierno transitorio, expresaron su oposición al proyecto de la Ley de Arraigo. Si la canciller Karen Longaric lo calificó de “absurdo jurídico”, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares ve en el proyecto una fondo de inconstitucionalidad.
(26/08/2020)
