La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió este jueves al Ministerio de Gobierno que garantice la seguridad e integridad física del personal de su entidad y el resguardo de sus instalaciones, con la ayuda de la Policía, tras el ataque sufrido el miércoles por parte de un grupo de civiles que irrumpieron a los predios de forma violenta, profiriendo insultos y amenazas contra la autoridad.
“Es necesario recordar a la Policía Boliviana que, conforme al artículo 251 de la Constitución Política del Estado, tiene la misión específica de defender a la sociedad, conservar el orden público y el cumplimiento de las leyes; en ese sentido, la institución policial tiene la obligación de intervenir con prontitud, adoptando las acciones necesarias para prevenir o hechos como los ocurridos el día de ayer, lo contrario implica el incumplimiento de deberes constitucionales”, dijo Cruz, en conferencia de prensa.
Indicó que la institución reconoce y defiende el derecho a la protesta pacífica, pero rechaza la manifestación del miércoles que tuvo connotaciones violentas y que se constituye en una afectación a la salud de los funcionarios y de la población que se encontraba en el lugar a la espera de ser atendida.
Cuestionó que esos actos fueron realizados bajo la permisibilidad de la Policía, que no acudió al sitio pese a las insistentes llamadas de servidores públicos y de los dos uniformados asignados por el Comando del Batallón de Seguridad Física Estatal.
La toma provocó la paralización del trabajo defensorial en perjuicio de la población que exige la defensa de sus derechos, realiza el seguimiento a sus casos o recibe orientación jurídico legal.
Cruz recordó que por hechos violentos similares ocurridos el 27 de noviembre de 2019, la Defensoría interpuso una denuncia penal por la probable comisión de los delitos de instigación publica a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo; y ante los nuevos sucesos que se constituyen en ilícitos penales, se analiza la pertinencia de ampliar la denuncia por los delitos de sedición y amenazas.
Tras lo ocurrido el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 67/2019, emitió una medida cautelar que obliga al Estado boliviano a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de la defensora Cruz y del delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, según una nota de prensa.
El miércoles, la CIDH fustigó el ataque sufrido por la Defensoría y exigió al Gobierno una investigación. La Defensoría denunció que los hechos fueron protagonizados por el mismo grupo que agredió sus instalaciones en noviembre pasado.
(27/08/2020)
