Una grave crisis de autonomía se ha presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una vez que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidiera frenar la continuidad de su secretario ejecutivo, Paulo Abrão.
El 25 de agosto, el jefe uruguayo de la OEA, de la que depende como ente autónomo la CIDH, decidió abstenerse de continuar con la renovación del mandatario de Abrão al frente del organismo de derechos humanos, a pesar de que éste lo había ratificado para el periodo 2020-2024.
Este jueves, una vez más la CIDH expresó su protesta por la decisión de Almagro, a quien le pidió reconsiderar su posición. “La @CIDH le confirma su confianza a @PauloAbrao y reitera su decisión unánime de renovar su mandato, solicitando al Secretario General dar continuidad al proceso administrativo de extensión contractual del mandato del Secretario Ejecutivo”, escribió en su cuenta de Twitter.
El mismo 25, la CIDH había expresado su enérgica protesta y repudió el “grave embate contra su autonomía e independencia, como órgano principal de la Organización de Estados Americanos”.
En un comunicado dijo que la CIDH seleccionó a Abrão bajo un sustento legal y atribuciones propias el 27 de julio de 2016. Recordó que Almagro confirmó la selección y los designó para el puesto.
En enero de este año, con base en esos mismos argumentos, la CIDH decidió, por unanimidad, renovar el contrato de su secretario ejecutivo para el periodo 2020-2024. Sin embargo, Almagro comunicó el 15 de agosto su decisión, “sin consulta previa”, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del secretario ejecutivo” de la CIDH.
“La @CIDH destaca, respalda, reconoce y agradece el trabajo realizado por el Secretario @PauloAbrao durante estos últimos 4 años, y los importantes resultados e impactos alcanzados”, dijo este jueves a la CIDH.
Abrão había sido un incómodo activista para gobiernos de los que había desnudado sus acciones violatorias contra los derechos humos o su gestión sobre la materia. En Bolivia, el informe de la CIDH sobre lo que consideró masacres de Sacaba y Senkata, de noviembre de 2019, fue descalificado por el gobierno de Jeanine Áñez.
El jefe de la CIDH visitó el país para recibir en persona los testimonios de los sucesos trágicos de entonces.
Entre 22 y 25 de diciembre, la CIDH amplió sus investigaciones a petición del Gobierno. Luego de esa visita se mantuvo en sus conclusiones sobre ambos hechos. “En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, se lee en el comunicado de entonces.
(27/08/2020)
