Siempre enfatizando que habla en general, el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), David Choquehuanca, afirmó este lunes a los medios de prensa que quien comete el delito de estupro tiene que someterse a la ley; es más, dijo que esa persona necesita de atención médica.
“No me refiero a ninguna persona en particular, (pero) si tenemos certeza de que una persona ha cometido estupro, tiene que someterse a la ley y a un tratamiento psicológico”, señaló el candidato.
En días pasados, el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez instauró dos denuncias contra el expresidente Evo Morales, jefe de campaña del MAS, por dos supuestas relaciones sentimentales con menores de edad, uno de los delitos por el que se acusa al exmandatario es, precisamente, estupro.
En el Código Penal (Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, texto ordenado), el estupro figura en el artículo 309 y es parte de los “delitos contra la libertad sexual”, junto a la violación y el abuso deshonesto.
La norma señala que “Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años”.
Choquehuanca añadió que ante éste, como ante cualquier delito, corresponde el adecuado ejercicio de la Justicia, “y las autoridades que administran la justicia tienen que administrarlo de manera correcta”.
El presidenciable del MAS, el exministro Luis Arce, la semana pasada ya definió su posición al respecto, distanciando la vida privada de Morales con la actividad política de su partido.
“Ése es un ámbito absolutamente personal, individual de acuerdo al derecho y de acuerdo a la Constitución; el MAS no tiene nada que ver en esto, peor la candidatura, y ahí se ve justamente la intencionalidad política, que a propósito esfuerzan en alargar lo que se pueda la medida para que nos pueda salpicar a nosotros como binomio y eso es absolutamente inconcebible, no se puede aceptar ese tipo de actitudes”.
En una de las pocas alusiones al tema, hace dos domingos, en una charla con radio Kawsachun Coca, Morales indicó “qué procesos más habrá (contra mí). No comparto el uso de compañeras en cuestiones políticas”.
Especialmente en manos de los personeros del Gobierno, empezando por la presidenta interina Añez, el tema ahora es de primer orden en la agenda política.
La mandataria, la anterior semana, antes de participar en la donación al Estado de equipos de Rayos X por parte del grupo empresarial Sagitario (que imprimió las papeletas electorales para las elecciones de octubre de 2019), dijo enfática que la acusación contra Morales como país “nos ha avergonzado en los ámbitos internacionales”, que su gobierno va a “seguir de cerca” el caso y que éste “no va quedar en la impunidad”.
Más aún, Añez amplió el círculo de acusados, tras lamentar que los supuestos hechos no se evitaron, culpó que entre amigos “se encubren” y que, por tanto, Morales “tenía una pandilla de encubridores de depredadores”.
En una posición partidaria que hasta ahora no ha cambiado, la pasada semana, las organizaciones sociales de Cochabamba (la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, el MAS departamental, y los cocaleros del Chapare) demandaron que, aun siendo la acusación contra Morales una acción “de la derecha”, se investigue de la manera más imparcial el caso, pero, al mismo tiempo, ratificaron a Morales como jefe de campaña del binomio Arce-Choquehuanca.
Dirigentes masistas insisten en que si fue un ampliado del MAS que designó a Morales en esa misión, debe ser una instancia similar que decida si se le quita o no dicho mandato.
(31/08/2020)
