El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que según el informe recibido de la comisión de fiscales del caso de los 170 respiradores españoles, la investigación está en su etapa final y hay los suficientes elementos de la comisión de delitos. En las próximas semanas se presentará una acusación para instalar la etapa del juicio contra los procesados por los delitos de contratos lesivos al Estado, contra la salud, asociación delictuosa, entre otros.
“En el caso de los 170 respiradores que se compraron en España, en este proceso se tiene un avance considerable, se tiene dos personas aprehendidas, Fernando Valenzuela y Fernando Humérez, y otras personas que cuentan con detención domiciliaria como Ana Fernanda Espinoza, Gabriela Pérez, Giovani Pacheco, Alberto Pareja, así como el exministro de Salud Marcelo Navajas”, dijo Lanchipa en una conferencia en Sucre, según una nota de prensa.
Dos de los imputados ampliaron sus declaraciones, Fernando Humérez (conocido como el “testigo clave”) y Fernando Valenzuela (exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud), quienes aportaron nuevos elementos que no van a ser transcendentales en el fondo de la investigación, remarcó la autoridad.
Explicó que se ha dispuesto la pericia de los celulares de todos los involucrados a través del Instituto de Investigaciones Técnico – Científico de la Universidad Policial (IITCUP) y se esperan los resultados. “También se ha dispuesto el desdoblamiento de los CD de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles Pau Sarsanedas, gerente de GPA Innova (fabricante) y de la empresa IME Consulting, Iñaqui García (el intermediario)”.
El Fiscal General subrayó que se identificó la parte central de la averiguación. “Tenemos la relación de los hechos y hay los suficientes elementos que puedan demostrar la comisión de hechos delictivos de parte de estas personas que han sido imputadas, de tal manera que el Ministerio Público ya va a estar en condiciones, en las próximas semanas, de presentar una acusación”.
El escándalo de los 170 respiradores golpeó al gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Por ahora los equipos no están en funcionamiento e incluso hay dudas sobre el lugar en que se encuentran. Se calcula que hay un sobreprecio de más de $us 3 millones.
La comisión mixta legislativa también ya acabó sus investigaciones y la conclusión preliminar es que todo el proceso de la licitación y la adquisición estuvo signado por el delito, según el presidente de la comisión, el senador Ciro Zabala, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS). El documento será puesto a consideración de las cámaras de Diputados y de Senadores para su aprobación.
(08/09/2020)
