La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que el viernes 4 recibió la denuncia que interpusiera el Gobierno interino de Bolivia contra el expresidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad a raíz del bloqueo de caminos de la primera quincena de agosto; esta recepción se enmarca en la figura de “remisión”.
“El 4 de septiembre de 2020, recibí una remisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la situación con la situación en su propio territorio”, señaló mediante un comunicado la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.
Según recogió Europa Press, la fiscal Bensouda reveló que el gobierno boliviano indica que los bloqueos fueron cometidos “de manera deliberada” para causar “sufrimientos graves en la integridad física y la salud mental de la población”.
Morales dice que la demanda en la CPI ‘no llegará a nada’
El Gobierno de Bolivia sostiene que en agosto de 2020 miembros del partido político Movimiento Al Socialismo y organizaciones afines llevaron a cabo una línea de conducta (…) consistente en atacar a la población boliviana, a través de la coordinación de bloqueos en distintos puntos de todo el país”, explicó la fiscal general de la CPI, según recoge la agencia EFE.
La fiscal jefe de la CPI, aclaró que la petición del gobierno boliviano “no conlleva automáticamente la apertura de una investigación”, apuntan ambas agencias noticiosas.
Para que se active una investigación, destaca la fiscal, su oficina debe analizar primero si el caso amerita “la competencia, la admisibilidad y el interés de la justicia”.
En general, el procedimiento de la CPI consiste en: I) el examen preliminar del caso, II) la fase de investigación y enjuiciamiento, y, III) el juicio oral y la posterior sentencia.
La denuncia del gobierno se encuentra en el examen preliminar; por esto, informó la fiscal Bensouda, se la remitió a una sala para este nivel de consideración: “La fiscal general ha informado de la situación al presidente de la CPI, que asignará la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares formada por tres magistrados, trámite habitual en el caso de las remisiones”, señala el reporte de EFE.
No obstante, aclara la fiscal jefe de la CPI, destaca Europa Press, “si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación», lo que implicaría un trámite más acelerado del caso.
