Cuatro de los 28 miembros de plataformas detenidos en Sucre cumplirán detención domiciliaria por haber puesto en riesgo la salud pública al estar contagiados con COVId-19, mientras que el resto se benefició con la libertad irrestricta al no habérseles comprobado la comisión de delitos, como estableció la Fiscalía.
El juez Lázaro Rocha presidió la audiencia cautelar que se extendió hasta la madrugada de este domingo, luego de que los acusados perdieran ante la Justicia un recurso de Acción de Libertad para recobrar su libertad y no ir a una cautelar. La Fiscalía los acusó por asociación delictuosa, delitos contra la salud y de narcotráfico.
Fueron detenidos el jueves a denuncia de los vecinos de La Recoleta, en Sucre. Un operativo policial-fiscal encontró sustancias controladas y una granada de gas, por lo que la Fiscalía ordenó su aprehensión y los acusó de alentar protestas para crear zozobra en la capital. Exigen la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa.
Cuatro, quienes dieron positivo a COVID-19, deberán cumplir detención domiciliaria con derecho al trabajo. Tienen la obligación de presentarse ante la Fiscalía de sus regiones, en este caso Santa Cruz, cada 15 días, además tienen arraigo de 15 días, informó el fiscal Daher Rosas, reportó Correo del Sur.
Alfredo Gutiérrez, abogado defensor de los imputados, aseguró que para el juez “estar enfermo con COVID-19 y aglomerarse es un delito”.
Los detenidos el jueves llegaron hasta Sucre para sumarse a la protestas, lideradas por el dirigente cívico cruceño Rómulo Calvo, que exige la renuncia de Lanchipa por afinidad con el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El cívico cruceño Rómulo Calvo aclaró que “los delitos son personales” y consideró que se buscó tender una cortina de humo ante la movilización para exigir la renuncia de Lanchipa.
