La compra de material antidisturbios con supuesto sobreprecio es investigada por la Contraloría y la Fiscalía. Para este miércoles se tiene prevista la declaración ante la Fiscalía de funcionarios de la empresa brasileña Cóndor, firma con la que el Gobierno suspendió contactos directos para optar por la intermediaria Bravo Tactical Solutions LCC en la compra del material antimotines.
Luego de prestar un informe oral ante los miembros de la Comisión Especial Mixta que indaga las denuncias de supuesto sobreprecio en la compra, el fiscal General, Juan Lanchipa, informó de la declaración de uno de los principales ejecutivos de la firma brasileña que proveyó los materiales con una intermediación,
La empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra en noviembre de 2019 del equipamiento, una vez que el Gobierno suspendiera las gestiones directas que hacía con Cóndor. De acuerdo a la denuncia del programa de Detrás de la Verdad, esa intermediación implicó un sobreprecio en la compra, que al final representó Bs 39,3 millones.
«Se tiene previsto la recepción de la declaración informativa del ejecutivo de la empresa que fue contratada para la dotación de equipos no letales y gases lacrimógenos. Vamos a tener la declaración a través de la cooperación jurídica internacional que solicitó la Fiscalía General de manera directa a la Fiscalía General del Brasil», explicó Lanchipa.
Ya está en manos de la Fiscalía el contrato de compra enviado por el Ministerio de Gobierno. Esa documentación será remitida al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para una contrastación con “la documentación de Brasil, y serán los peritos forenses quienes lleven adelante la investigación sobre el proceso de contratación”, explicó Lanchipa
También acudió a la Comisión legislativa el contralor General, Henry Ara. “El Ministerio de Defensa nos ha hecho llegar la información respecto al proceso de contratación, se está analizando, se está esperando la información del Ministerio de Gobierno, puesto que son dos ministerios que habrían intervenido en esto (proceso de contratación) y con ello se va a terminar de hacer el análisis”, explicó Ara, según una nota de prensa del Legislativo.
Deberán acudir a declarar al Legislativo los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz; de Gobierno, Arturo Murillo; y de Defensa, Fernando López, además del comandante general la Policía, Rodolfo Montero.
López descartó en todo momento alguna irregularidad en la adquisición del material no letal para la Policía y las Fuerzas Armadas.
