El procurador general del Estado, Alberto Morales, afirmó la tarde de este miércoles 7 que acatará la decisión de la Asamblea Legislativa de cesarlo del cargo, pese a que considera un abuso dicha resolución.
“Es decisión con la que no estoy de acuerdo jurídicamente, la voy a asumir porque soy un hombre de leyes, no me voy a aferrar al cargo; en cuanto notifiquen, cesaré en las funciones”, señaló el todavía procurador a radio Panamericana.
Con todo, Morales no dejó de fustigar la decisión de la Asamblea Legislativo de “objetar su designación” como un abuso de sus facultades.
“(La cesación) es a todas luces un acto más de abuso de poder, abusando de los dos tercios que tienen (el Movimiento Al Socialismo, MAS) en la Asamblea Legislativa”, reclamó.
La tarde del martes 6, la Asamblea Legislativa, de mayoría masista, objetó la designación hecha por la presidenta interina Jeanine Añez el 21 de septiembre. La causa radica en incumplir requisitos al haber sido en el pasado, el procurador Morales, parte de una demanda contra el Estado.
Según la resolución del Órgano Legislativo, el expediente 12307-2015-25-AAC, que cursa en el Tribunal Constitucional Plurinacional, “evidencia que el ciudadano Alberto Javier Morales patrocinó y representó a la empresa Florexótica SRL, en una acción de amparo constitucional contra la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, dentro de una causa que compromete el erario público (proceso administrativo tributario pretendiendo la prescripción de obligaciones), afectando los intereses del Estado”.
Para Morales el argumento es “baladí, absurdo y atemporal”; el amparo en que actuó—aseguró— en rigor no es una “demanda” contra el Estado, y que la autoridad impugnada no es el Estado, sino una entidad autárquica.
“Un amparo no es una demanda, es una acción de defensa, y la autoridad tributaria no es el Estado, es una entidad autárquica”, explicó su versión Morales.
Por otra parte, añadió que incluso por el tiempo transcurrido desde su actuación como abogado en el referido amparo correspondería su destitución. “La ley dice que en los últimos cinco años no debe registrar demandas contra el Estado. Mi última actuación en ese proceso de acción de amparo es del 1 de septiembre de 2015, cuando a mí me nombran cinco años y 17 días después; o sea, fuera de lo que dice la norma”.
Morales señaló su convencimiento de que la verdadera causa de la objeción de la Asamblea Legislativa es haber pedido la imputación contra Evo Morales, Álvaro García y Juan Ramón Quintana “por el fraude electoral”, aparte de la acusación a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Otra razón de su cese de funciones, alega el procurador Morales, debe ser la acusación contra el ahora candidato presidencial del MAS, Luis Arce, y su esposa, de “movimientos irregulares en su actividad económica bancaria, que no justifica con su perfil socioeconómico”.
El mismo argumento usó este miércoles el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, cuando en conferencia de prensa protestó contra la destitución del procurador Morales, como un “intento de tapar las ganancias ilícitas del candidato presidencial Arce. Está claro que el Asamblea ha destituido a nuestro Procurador simplemente porque tiene que investigar estos actos que los bolivianos necesitamos saber”, afirmó Núñez.
Con todo, “según la Constitución”, a la objeción expresada por la Asamblea, al Órgano Ejecutivo no le toca sino cumplir con la remoción, aseveró a su vez la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS).
(07/10/2020)
