Al menos 1.500 personas son investigadas por delitos como terrorismo y sedición por las movilizaciones de noviembre del 2019, tras la dimisión de Evo Morales en medio de una crisis política y social, según las conclusiones de la investigación legislativa sobre las muertes por herida de bala en Sacaba y Senkata.
El diputado Víctor Borda, parte de la comisión investigadora, informó de los resultados de la investigación que desarrollaron para establecer responsabilidades por los hechos de violencia y muerte en La Paz y Cochabamba.
“(Son) 1.500 personas que están siendo investigadas y procesadas con diferentes denuncias, más que todo por los delitos de terrorismo y sedición, tenencia de material explosivo y otros”, adelantó el legislador.
Entre octubre y noviembre de 2019 una ola de movilizaciones se presentó a raíz de las denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre de ese año. Un paro cívico, un motín policial t la “sugerencia” militar de dimisión, arrinconaron a Morales y lo obligaron a dimitir a su cargo.
Sectores sociales se movilizaron en apoyo a Morales. En Senkata bloquearon la planta distribuidora de GLP, lo que activó un operativo policial-militar que acabó con diez muertos por herida de bala. En Sacaba, una columna de marchistas que intentaba entrar a la ciudad de Cochabamba fue cercada y se desató un conflicto que acabó con nueve muertes por herida de bala.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, se presentó hoy ante la Comisión Especial Mixta del Senado para dar su declaración testifical sobre los hechos ocurridos en Senkata
«No conozco ninguna acción e instrucción, más que la que conoce cualquier otro ciudadano a través de los medios de comunicación, pues queda documentado que no era ya ni miembro de la Asamblea y tampoco era miembro del Gobierno”, respondió la autoridad.
Borda comunicó que la presidenta Jeanine Áñez respondió el cuestionario de 50 preguntas sobre esos dos lamentables hechos y que éste será evaluado en detalle.
Las fuerzas militares y policiales actuaron al amparo de un decreto que los eximía de responsabilidad penal de hechos que pudieran darse en los operativos para restablecer el orden público. La norma fue derogada posteriormente ante la presión nacional e internacional.
(22/10/2020)
