En el cierre de su legislatura, la Asamblea Legislativa pedirá al Ministerio Público un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, genocidio y asesinato en el caso de las “masacres” de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre del año pasado.
Una comisión mixta de senadores y diputados investigó la muerte de una veintena de personas en las movilizaciones de Sacaba, el 15 de noviembre del año pasado, y de Senkata, en El Alto, cuatro días después.
El titular de la comisión legislativa, el diputado Víctor Borda, contó a La Razón nuevos elementos de la investigación que será derivada, luego de la lectura final en la última sesión de la Asamblea Legislativa este jueves, al Ministerio Público para su posterior procesamiento.
El legislador ratificó que informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, evidenciaron que en la intervención policial en el puente Huayllani y en Senkata, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, al amparo del Decreto Supremo 4078 luego abrogado, usaron armas de reglamento, cuya consecuencia fue la muerte de la veintena de movilizados.
Borda explicó que en el caso del puente Huayllani los movilizados no usaron armas y que los 24 efectivos policías heridos no fueron alcanzados por impactos de bala.
“Hubo un uso indiscriminado de armamento letal, tanques, vehículos; el IDIF ha determinado las causas de la muerte de 26 personas (contando en otros conflictos) fueron por impacto de bala”, dijo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Borda informó que la comisión accedió al plan operativo policial-militar de Senkata “Sebastián Pagador”. El documento “determina qué tipo de armamento se ha utilizado; ellos han utilizado escopetas, fusiles FAL (Fusil Automático liviano) y Krin de calibre 5,56 y otras armas de 9 mm, y los muertos particularmente de Senkata son por proyectil de bala de 5,56 mm, de 9 mm y algunos de 22 mm, de uso reglamentario de la Policía, y de 7,62 mm (FAL)”, explicó.
El hallazgo contradice a las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien en reiteradas ocasiones dijo que los movilizados se dispararon entre sí. El martes, el funcionario volvió a repetir la versión y afirmó que los familiares de las víctimas deberán buscar en los sindicatos quiénes dispararon contra los fallecidos.
El ministro de Defensa, Luis Fernando López, también aseguró que en noviembre las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo tiro.
Según el informe de la Asamblea Legislativa, Murillo y López son señalados por los delitos de genocidio, asesinato y otros. Otros implicados son los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, y de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, por delitos de asesinato, además de los comandantes departamentales de Policía de Cochabamba y de El Alto.
Borda también dijo a La Razón que la comisión mixta conoció informes del Ministerio de Hidrocarburos “en sentido de que el supuesto atentado a la planta de Senkata no ha existido, y el viceministro de Hidrocarburos nos informó que ese día no recibieron un informe de Inteligencia policial y militar de un supuesto atentado contra la planta”.
“Tenemos prueba documental, es un informe que presenta el viceministro al ministro de Hidrocarburos”, insistió Borda.
El informe de la comisión mixta será presentado este jueves en la última sesión de la Asamblea Legislativa, aunque en medio de ese trámite una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, suspendió temporalmente, mientras dure una audiencia cautelar solicitada por Rodrigo Guzmán.
Una jueza de Trinidad dispone la suspensión de los casos Sacaba y Senkata en la Asamblea: http://bitly.ws/ar2J
Respecto de esa decisión judicial, la Defensoría del Pueblo consideró que pretende dejar en la impunidad a los presuntos autores de las masacres de Sacaba y Senkata, como concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y Borda afirmó que Guzmán no está bajo ningún riesgo, considerando que la comisión no acusa ni procesa, solo que sugiere procesos por parte del Ministerio Público.
El informe de la comisión legislativa deberá ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
(29/10/2020)
