Con policías amotinados en las calles y el Alto Mando Militar sugiriendo la renuncia de Evo Morales concluyó en 2019 el gobierno del primer presidente indígena de la historia del país.
A casi un año de aquellos sucesos, el partido de Morales, con Luis Arce como presidente, retomará las riendas del país tras ganar las elecciones del 18 de octubre con el 55,1% y encontrará un Alto Mando Policial y Militar comprometido, junto a otras promociones, con el quiebre constitucional en noviembre de 2019 y la insubordinación al poder civil democráticamente elegido.
En este difícil momento, para el país y el futuro gobierno, la relación con las Fuerzas Armadas y la Policía será “extremadamente sensible y delicada”, opina la analista Lourdes Montero.
Sin embargo, confía en que la administración del presidente electo y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), no asumirán una lógica de revancha para castigar el comportamiento de los amotinados y los militares que no dieron apoyo al gobierno democrático.
“Eso no implica que nadie se responsabilice de una toma de posición y decisión que los uniformados tuvieron en el momento del golpe”, remarca la analista.
El 25 de enero de 2006, Morales posesionó a su primer Alto Mando Militar relegando en los ascensos a una promoción de generales sospechosos de la irregular entrega misiles aire-tierra chinos a los Estados Unidos para su desmantelamiento.
El caso de los misiles chinos relegó a 28 generales que fueron enviados prematuramente a la reserva activa y con ellos se fueron tres promociones.
Un Alto Mando castrense en servicio activo, dijo a La Razón, a condición de anonimato, que se “prevé una acción similar” del gobierno de Arce.
Afirmó que hay “inquietud” en el seno castrense y que en reuniones de evaluación interna se aguarda del nuevo gobierno respeto a la institucionalidad
De acuerdo con Montero, la solución en estos tiempos no transita por el camino de la destitución de una generación entera, como en 2006.
El politólogo Jorge Richter sitúa su opinión, en ese punto, a contramano de Montero.
“Lo que no se aconseja en estos casos es que aquellos sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía involucrados en un hecho tan crítico, hoy puedan ser depositarios de la confianza y la lealtad al poder civil”, dice.
Y agrega sin matices: “Si hay que borrar una o dos promociones, hay que hacerlo, porque la ruptura institucional no fue un evento casual o anecdótico”.
Richter dice que esa eventual acción, sin embargo, debe ser acompañada con procesos para establecer responsabilidades.
El Presidente en ejercicio, por imperativo constitucional, es también el Capitán General de las Fuerzas Armadas.
El 27 de noviembre de 2019, cuando los militares reconocieron a Jeanine Áñez como capitán general, al final de su discurso cambió el “patria o muerte” por el “que Dios bendiga a Bolivia”.
Por esto, se dispuso que los soldados ya no tengan que responder desde entonces con “venceremos” después de escuchar el “patria o muerte”, como ocurría desde que el expresidente Morales lo instauró en 2010.
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