Representantes de las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba denunciaron a Marley Lazo por formar una organización paralela que estaría siendo avalada por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Este grupo paralelo pretende buscar candidaturas para las elecciones subnacionales, según David Inca.
“Estamos molestos por el actuar de la señora Nadia Cruz porque ha reconocido a autoproclamados heridos, detenidos y fallecidos, desconociendo a una organización legítimamente constituida. Esperamos que ella pueda rectificar su actitud”, expresó Inca.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde convoca a las víctimas del conflicto poselectoral de 2019 a actuar en solidaridad en la búsqueda de justicia.
“La Defensoría del Pueblo, ante declaraciones que circulan en redes sociales, sobre un supuesto reconocimiento formal y respaldo institucional a agrupaciones de víctimas del conflicto poselectoral de 2019, aclara que: las víctimas de esos hechos tienen el derecho de asociarse o unirse a la organización o agrupación que mejor consideren, no siendo éste un requisito para acceder a sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Pretender que solo las víctimas afiliadas a una u otra organización tienen la calidad de tales, es desconocer los derechos humanos de éstas y actuar de forma discriminatoria”, señala el comunicado.
Asimismo deja en claro que la institución defensorial se reúne con diferentes organizaciones, asociaciones y personas individuales de fueron víctimas de los hechos violentos registrados entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019 en la zona Sur de La Paz, Senkata, Sacaba, Norte Integrado cruceño y Betanzos, sin necesidad de que ninguna de éstas acredite ser parte de una u otra organización y atiende a todas por igual.
“Se mantendrá la atención que se brinda, por tanto, las declaraciones referidas al reconocimiento a una u otra organización, falta a la verdad y no tienen ningún efecto práctico al ser irrelevantes. Esta Institución atenderá a cualquier persona natural o jurídica que requiera sus servicios, sin que esto implique en absoluto el perjuicio de las demandas de otras”, expresa el documento.
El 15 de noviembre de 2019, cinco días de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, una represión policial-militar terminó con nueve fallecidos en Sacaba, en el puente Huayllani. Colonos y cocaleros se dirigían en marcha a Cochabamba en protesta contra el gobierno de Jeanine Áñez. Cuatro días después, otra propuesta fue reprimida por fuerzas policiales y militares también; el saldo fueron otros nueve muertes.
Luego de un informe preliminar de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró masacres a ambos casos. Luego murieron otras dos personas heridas. La Defensoría del Pueblo contabilizó 37 muertes en los coflictos poselectorales, de las cuales 27 fueron por impacto de bala.
(11/11/2020)
