El exministro de Gobierno Carlos Romero reveló que hay por los menos 300 personas en Santa Cruz que financiaron el “golpe de estado” de octubre-noviembre de 2019, entre ellas empresarios y gente vinculada a la Gobernación y alcaldía. Además tiene identificado a los jefes y policías que estuvieron detrás del motín en Cochabamba, que luego se irradió al resto de departamentos.
En una entrevista con el programa No Mentirás, también señaló a los exviceministros Javier Issa, de Régimen Interior, y Wilson Santamaría, de Seguridad Ciudadana, como los personeros del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez que fueron a visitarlo a la cárcel para pedirle que involucre al expresidente Evo Morales en un hecho ilícito.
“Aproximadamente unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días (de paro cívico). Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados, había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico”, denunció.
Morales se vio obligado a renunciar acorralado por el prolongado paro cívico, el motín policial y la “sugerencia de dimitir” de los militares, en medio de las denuncias de fraude electoral.
No dio mayores detalles, pero precisó que entre esos financiadores estaba gente vinculada a la Gobernación y alcaldía cruceña.
«Hay planillas, montos contactos, logística. Toda esa información existe documentadamente”, aseguró y dijo que las fuentes son varias, entre ellas del propio Comité pro Santa Cruz, donde se recibían los aportes.
De acuerdo a los datos con los que cuentan habían aportes superiores a los $us 100.000. “Tenemos registrado los nombres, veremos en qué momento se presenta”, sostuvo Romero, quien estuvo detenido en la cárcel de San Pedro tras habérselo vinculado, pese a que fue el que lo denunció, en el caso de corrupción de la unidad UELICN.
Romero aseguró que el motín policial se consolidó en noviembre, poco antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, pero ya se lo trazaba desde octubre cuando se dejó quemar las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales aduciendo que los movilizados habían rebasado a la Policía.
“Pienso que varios comandantes departamentales”, respondió cuando se le consultó si en otros departamentos, además de Cochabamba, habían policías vinculados al motín.
De los involucrados en Cochabamba con el motín, mencionó a los mayores Edwin M., Marco Antonio A., Wilson F., a los capitanes Hernán V., Daniel C., José C., Oliver V., al teniente Mauricio O., al sargento V., y al policía Miguel A.
“Obviamente hubo sobornos a jefes policiales y militares para que se incorporen al golpe”, consideró y recordó lo que decía el entonces líder cívico, luego candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, de que su padre cerraba tratos con la Policía y los militares.
“Se movió mucho dinero, porque se pagaba vuelos chárter, alimentación de gente movilizada en las calles, bueno no sé qué hicieron con la plata, fueron varios millones de dólares”, aseguró y denunció que en el gobierno de Áñez hubo protección a casas de juego, al narcotráfico y extorsión a empresas que tenían contratos con el Estado.
Romero atribuyó el malestar de la Policía con el gobierno de Morales a que se les quitó el servicio de identificaciones, la seguridad presidencial y de dignatarios de Estado, y el control de Pisiga en la lucha contra el contrabando.
(17/11/2020)
