La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) garantizó la idoneidad y la imparcialidad del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que llega el lunes al país para investigar los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado.
Mediante una nota de prensa, el organismo internacional señaló que este mecanismo fue creado mediante el acuerdo suscrito con el Estado boliviano el 12 de diciembre de 2019, y que desde su instalación programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como organizaciones de la sociedad civil, respetando las normas de bioseguridad por el COVID-19.
“Recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana”. Está compuesto por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert, mientras que Jaime Vidal será su secretario ejecutivo.
La CIDH explica que las atribuciones del GIEI son “elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el período indicado; realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas”.
Aparte de “efectuar recomendaciones pertinentes, actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen de las investigaciones; y realizar un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los derechos investigados”.
La misión se conformó luego de las observaciones del anterior gobierno transitorio de Jeanine Áñez a los resultados de un informe de la CIDH que alertó del riesgo de impunidad por las violaciones a los derechos humanos y condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas para reprimir protestas.
Fruto de la represión se produjeron las “masacres” en Sacaba y Senkata que se saldaron con 20 fallecidos. Las movilizaciones se produjeron tras la renuncia obligada del presidente Evo Morales, en medio de protestas cívicas, un motín policial, la presión de los militares para esta dimisión y un polémico informe de la OEA que alimentó el discurso del fraude electoral.
“El GIEI-Bolivia cuenta con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Su trabajo no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el período asignado”.
El comunicado remarca que el mandato de la misión es de seis meses a partir de su instalación en el terreno y que podrá extenderse previo acuerdo de las partes por el tiempo que sea necesario para cumplir con su objetivo. Además, el Grupo dará a conocer al Estado boliviano los resultados parciales y finales de su gestión, y las recomendaciones que vea convenientes.
“La Comisión reitera su convicción y confianza sobre la idoneidad técnica, la integridad y la imparcialidad de las expertas y los expertos integrantes del GIEI, que además contará con un equipo técnico propio, en terreno, para el desempeño de sus funciones. Por su parte, la CIDH dará seguimientos a los trabajos y las recomendaciones proporcionadas por el GIEI”, añade la nota.
(20/11/2020)
