El informe que emita el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitirá avanzar hacia un reencuentro de paz y el esclarecimiento de los hechos de violencia de noviembre del 2019 en Bolivia, en el marco de la memoria, verdad y justica, dijo este domingo a La Razón la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
“Desde la visión de los derechos humanos es necesario un reencuentro de paz, que se sancione a los responsables de los delitos de lesa humanidad para que no vuelvan a repetirse nunca más”, declaró la autoridad al destacar la importancia del trabajo que cumplirá la misión de expertos de la CIDH en el nuevo contexto político que vive el país desde el 18 de octubre.
En noviembre de 2019 se produjeron los hechos de violencia de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y en otros lugares que dejaron un saldo de 38 muertos, sin que el Ministerio Público haya abierto causa ni investigado, advirtió Cruz.
“No hay ni un solo caso abierto”, afirmó y cuestionó la “inacción” del Ministerio Público y del Fiscal General, Juan Lanchipa, lo que –en su criterio- genera otro tipo de responsabilidad por violación los derechos humanos.
El restablecimiento del orden constitucional en Bolivia, como resultado de las elecciones generales del 18 de octubre, permitirá que las víctimas den su testimonio de los hechos sin presiones ni hostigamiento como ocurrió durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
Bajo el Gobierno transitorio se produjo una revictimización de los familiares de las víctimas y no pudieron dar testimonio por temor a sufrir represalias.
La Defensoría del Pueblo espera que los informes confidenciales de las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas salgan a la luz no solo para conocer quiénes actuaron en esos acontecimientos, sino para establecer sanciones.
“Hasta ahora no se ha podido conocer la lista de los efectivos que actuaron en las acciones violentas”, sostuvo.
Cruz advirtió que en materia de derechos humanos no se puede hablar de reconciliación porque muchas veces ese concepto lleva a la impunidad y, lo que se quiere, es que se establezcan responsabilidades penales para que ese tipo de delitos de lesa humanidad “no vuelvan a repetirse nunca más” en Bolivia.
La misión del GIEI, que tendrá una agenda propia y desarrollará su labor por los próximos seis meses, está integrada por expertos en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos y su labor de esclarecimiento se puso de relieve en el caso de Ayotzinapa (México) y Nicaragua.
La Defensoría del Pueblo acompañará el trabajo de esta misión y colaborará con la información disponible sobre violaciones de derechos humanos durante la crisis política de 2019.
