En un mensaje a las Fuerzas Armadas sobre la investigación por las muertes en Sacaba, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que no hay “privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad”.
De esa forma se pronunció por primera vez sobre la reacción que generó en la institución armada el proceso contra el comandante de la guarnición de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, por la violencia en Sacaba en noviembre de 2019.
“Todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia y es la justicia la encargada de realizar todas las investigaciones, yo creo que no hay fueros ni privilegios para ningún boliviano de manera excepcional cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, advirtió.
Cuéllar fue beneficiado con detención domiciliaria -sin derecho al trabajo y con custodia policial-, en una audiencia de medidas cautelares realizada el 26 de noviembre. Se lo acusó por el delito de asesinato.
Un día después, las Fuerzas Armadas en un comunicado calificaron de “desconcertante” la situación del general Cuéllar y aclararon que no actúan “de forma arbitraria”, sino “cumpliendo acciones de mando dispuestas por el Capitán General de las FFAA”, en ese entonces la expresidenta Jeanine Áñez.
Cuéllar se encuentra con detención domiciliaria y su defensa anunció acciones legales para lograr que su defendido sea juzgado en la jurisdicción militar, teniendo en cuenta que se lo acusa de hechos cometidos en su condición de militar.
“La situación del general Cuéllar es un tema que tiene que verse en el estricto marco de la justicia”, insistió Novillo en la ciudad de Cochabamba.
La Fiscalía avanza en la investigación para establecer responsabilidades en los hechos de violencia que se saldaron con ocho muertos por impacto de bala. Las fuerzas combinadas de policías y militares impidieron en noviembre de 2019 que una marcha de cocaleros en apoyo al ya expresidente Evo Morales llegue al centro cochabambino.
Una misión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en Bolivia para investigar lo ocurrido. Estará seis meses.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Bolivia y está encabezando este proceso investigativo. Nos han informado que va a estar investigando durante seis meses porque son delitos de lesa humanidad”, afirmó Novillo.
