El Gobierno se declaró preocupado por la situación generada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la anulación judicial del mandato del magistrado Carlos Alberto Egüez. Les recordó a los magistrados que la determinación de la Sala Constitucional del Beni sobre su colega “es de cumplimiento inmediato y obligatorio”.
Eso sí, el ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que “no parece lo más adecuado y pertinente” un fallo sobre una denuncia de delito electoral cuando las elecciones judiciales en cuestión se llevaron adelante hace tres años, aunque insistió que debe ser respetado y acatado.
“Es un tema de grave preocupación para el Gobierno, pero no vamos por ningún motivo a afectar la independencia de los jueces. Han decidido revocar la credencial del magistrado Egüez y habilitar a la magistrada Montenegro, esa decisión debe ser de cumplimiento inmediato”, aseguró.
La Sala Constitucional del Beni falló el 4 de diciembre, ordenando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declare la nulidad de la candidatura de Egüez. “Se tenga como ganador al que alcanzó la segunda mejor votación (la abogada Mariana Montenegro), debiendo además el Órgano Electoral dejar sin efecto el nombramiento y posesión del referido candidato, anulando además la credencial otorgada al mismo como autoridad judicial”.
El magistrado fue denunciado hace tres años por hacer campaña, cuando ello estaba prohibido para los candidatos judiciales.
Tras conocer la sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia advirtió de un “escenario de inseguridad jurídica” y recordó que hay causales específicas para el cese de mandato.
“No se incluye la posibilidad de una anulación de participación y consiguiente inhabilitación como candidato después de ser electo y estar cumpliendo funciones, emergente de una resolución pronunciada en trámite de Acción Popular, con objeto y finalidades distintas, y respecto a actos sujetos al principio de preclusión, conforme normativa electoral”, afirma un comunicado del TSJ.
Lima insistió que el fallo es de cumplimiento obligatorio, aunque aclaró que el caso no está cerrado porque pasará a revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
“La Sala Constitucional Primera es un juez del Estado Plurinacional de Bolivia, ellos han tomado una decisión y su decisión es de cumplimiento inmediato y debe ser acatado por todas las instancias, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y todas las instancias correspondientes”, reiteró, y llamó al control constitucional a acelerar el tratamiento de este caso.
(07/12/2020)
