El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este martes que los mandos de las Fuerzas Armadas se comprometieron “de manera sensata” a aportar con toda la información que dispongan para el esclarecimiento de los hechos de violencia de noviembre de 2019.
“Se han comprometido de manera sensata a hacer ese trabajo y a aportar con todas las pruebas que estén en las Fuerzas Armadas”, reveló Novillo, y remarcó que se debe “aportar con todas las pruebas que se tengan en el Ministerio (de Defensa) y al interior de las Fuerzas Armadas, a las autoridades” que lo requieran.
El fiscal general, Juan Lanchipa, denunció en septiembre que los mandos de las Fuerzas Armadas se resisten a cumplir un fallo judicial y remitir a la Fiscalía el Plan de Operaciones que ejecutaron durante los conflictos poselectorales de 2019, con el argumento de que es “secreto militar”.
En ese entonces, el comandante de la institución armada era Carlos Orellana, hoy incluido en los procesos abiertos por los hechos que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, dijo, solicitaron la información que “está en curso”.
Al momento se encuentra con detención domiciliaria el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. Fue vinculado a los hechos de Sacaba, que acabaron con 10 muertos por impacto de bala, el 15 de noviembre de 2019. En su defensa, indicó que solo cumplía tareas administrativas y que era el quinto hombre en la cadena de mando.
Los militares se pronunciaron sobre ese proceso y aclararon que solo siguen órdenes del Capitán General, en ese entonces la expresidenta Jeanine Áñez. Este martes, en un comunicado, el Ministerio de Defensa les recordó a los militares que la Justicia Ordinaria está por encima de la militar en temas como los hechos de muerte de noviembre.
Los militares, junto a los policías, participaron de operativos en Sacaba y Senkata que acabaron con la muerte de 20 personas por heridas de bala. Un decreto, luego anulado, los eximía de cualquier responsabilidad penal por los operativos en los que participaran.
Una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en Bolivia investigando los hechos de violencia y muerte ocurridos antes y después de las elecciones de octubre de 2019.
(08/12/2020)
