El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Jorge Quino, informó que el proceso penal contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades por la denuncia de fraude electoral fue archivado porque “no había elementos constitutivos” del delito en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni en el reporte preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las elecciones anuladas de 2019.
“Tanto el informe interno del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Electoral Departamental, según la juez, no habían concluido y menos habría existido en estos informes preliminares los elementos constitutivos para la existencia de un fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019”, explicó.
Además, dijo, que “en el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos -que se habría adjuntado (en la demanda)- no hace referencia a los elementos constitutivos de un fraude”.
Quino aseguró que la Ley de Régimen Electoral establece la necesaria existencia de un informe del ente electoral nacional y departamental para sustentar la denuncia de un delito electoral.
El parágrafo I del artículo 239 de la Ley de Régimen Electoral establece: “El juzgamiento de los delitos tipificados por la presente Ley y/o por el Código Penal corresponde a la justicia penal ordinaria. Su trámite se sujetará al Código de Procedimiento Penal. Las autoridades electorales que tengan conocimiento de la comisión de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público, bajo responsabilidad”.
Leer además: Jueza anula proceso contra Morales y García por denuncia de ‘fraude electoral’
La jueza Claudia Castro emitió el 23 de noviembre la Resolución 408/2020, en la que se ordena la anulación y archivo de la investigación contra Morales, Álvaro García, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero y otros involucrados en la denuncia por fraude electoral, planteada por el expresidente Carlos Mesa.
En su parte resolutiva, la resolución declara “fundada la excepción de prejudicialidad y falta de acción y en merito a ello dispone la suspensión del proceso penal y en consecuencia el archivo de actuaciones jurisdiccionales y fiscales”.
La denuncia de fraude electoral derivó de un informe de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a poco de las justas, denunciaron irregularidades. Poco después, y de oficio, la Fiscalía inició una investigación que acabó con varias exautoridades electorales nacionales y departamentales en la cárcel.
Mesa amplió la denuncia a Morales y otras exautoridades, ahora liberados del proceso. Las elecciones del 20 de octubre de 2019 fueron anuladas y se repitió este 18 de octubre con el triunfo en primera vuelta del MAS.
El presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó el martes que el ente electoral respeta las decisiones que tome otro poder del Estado, por lo que evitó hacer mayores comentarios.
Aún están en trámite la denuncia planteada por el TSE por los contra autores, cómplices, instigadores y/o encubridores de la presunta comisión de delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado”, manipulación informática y alteración y ocultación de resultados.
Las denuncias de fraude electoral, sumadas a un paro cívico, a un motín policial y a la sugerencia militar de dimitir, obligaron a Morales a dejar el cargo.
El vocero Presidencial, Jorge Richter, aseguró que no se pudo demostrar el fraude electoral utilizado.
«Está claramente visto en los hechos, lo que hay es una referencia retórica y narrativa al hecho del fraude; pero, en términos reales, más allá de lo que señala el inconsistente informe de la OEA, no se pudo evidenciar que exista un fraude», sostuvo en una entrevista en la Red Uno.
(15/12/2020)
