El Ministerio de Justicia se comprometió con las víctimas de los hechos de violencia de noviembre de 2019 a trabajar en un decreto de amnistía para los investigados y procesados por delitos como terrorismo y sedición debido a su participación en protestas sociales. El viceministro de Justicia, César Siles, informó que de forma paralela se revisará el decreto de reparación de daños.
“Desde el Viceministerio de Justicia vamos a trabajar en la acción de inconstitucionalidad, yo creo que entonces se tendrá un resultado positivo, porque la mayor parte de los procesos son por sedición y terrorismo, esos procesos se van a dejar sin efecto legal”, consideró luego de una reunión con las víctimas de la violencia de 2019.
En esa misma línea, se comprometió, a nombre de la cartera de Estado, trabajar en un decreto de amnistía con base a las listas de procesados e investigados por esos hechos, refiere un boletín de prensa institucional.
Durante la administración de Jeanine Áñez se activaron una serie de procesos legales contra las personas movilizadas en favor del expresidente Evo Morales, quien en noviembre de 2019 fue orillado a renunciar en medio de denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la sugerencia militar de alejarse del cargo.
También se acordó modificar el decreto para resarcir daños a víctimas y familiares de los muertos en Sacaba, Senkata y otros lugares de violencia antes y después de las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019. Se aprobó un resarcimiento de Bs 100.000 a familiares de las víctimas, además de reparaciones económicas y ayuda a quienes resultaron con heridas y otras secuelas.
La abogada de las víctimas de Senkata en El Alto, Nadesda Guevara, indicó que se busca la reparación integral de quienes resultaron afectados por los hechos luctuosos y violentos ocurridos durante el año 2019.
“Hemos recordado a nuestro Ministro de Justicia que este Decreto Supremo (4176) fue promulgado en un marco de persecución política y judicial a las mismas víctimas, un decreto supremo que no fue consensuado”, reclamó la jurista.
Guevara anunció que se pedirá una recalificación al Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) para establecer las listas finales de quienes resultaron dañados durante los hechos de violencia.
“Se plantea una nueva calificación en la que se contemple el daño psicológico, moral, social, familiar y no solamente el daño físico, porque cada víctima tiene en este momento un daño psicológico”, aseguró.
(16/12/2020)
