El Viceministerio de Transparencia del gobierno de Jeanine Áñez presumía “actos de corrupción”, con “daño económico al Estado”, por parte de las 592 personas de quienes pidió al Segip sus tarjetas prontuario, según la correspondencia remitida al respecto.
Las notas oficiales, a las que tuvo acceso La Razón, cursadas entre el viceministro de entonces, Guido Melgar; el director interino del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Mauricio Fernández Méndez, y el supervisor dactiloscopista Wilson Ramos evidencian que el pedido de los files formalmente respondía a una investigación a dichas personas.
En su nota al Segip del 5 de febrero, Melgar justifica su “solicitud de información” (el pedido de las tarjetas prontuario) en el artículo 28 del Decreto 29894 de febrero de 2009: “Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos y/o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción”.
Entre los presuntos corruptos, según las listas a las que pudo acceder este medio, están analistas, académicos, periodistas, exautoridades de los gobiernos de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, familiares de esas exautoridades, e inclusive la pequeña hija del exvicepresidente Álvaro García Linera.
Tras conocerse este último extremo y la protesta por parte de García Linera sobre la agresión a su hija, en respuesta el exministro de Gobierno Arturo Murillo, mediante un tuit enfatizó que “jamás investigamos a niña (sic)”.
La presunción de que las 592 personas de quienes se solicitó sus tarjetas prontuario habían cometido “actos de corrupción” fue la razón para que el Segip facilitara dicha información. Lo evidencia el Informe Legal 100/2020, del 17 de febrero de 2020, que dirigió el entonces supervisor dactiloscopista Wilson Ramos al director interino de la institución, Mauricio Fernández Méndez.
En las “conclusiones y recomendaciones” de dicho informe, si bien en la primera línea el supervisor Ramos dice que “Por lo expuesto no es posible atender la solicitud del Viceministerio de Transparencia Institucional” (que no es posible entregar las tarjetas prontuario de las referidas 592 personas), a punto seguido añade que “sin embargo”, habiendo un convenio (de septiembre de 2019) entre el Ministerio de Justicia (del que depende Transparencia) y el Segip, el Ejecutivo puede “obtener los datos de los ciudadanos bolivianos y extranjeros” con el fin de “lucha contra la corrupción”. Y el funcionario añade: “se recomienda acceder al servicio que el Segip puso a disposición del Ministerio”.
Y, para rematar la presunción de “corrupción” por parte de las 592 personas, en nota del 10 de marzo que envía el director interino Fernández al viceministro de Transparencia Melgar, se lee que el Segip remite las tarjetas prontuario para “coadyuvar a esa Cartera de Estado en casos de delitos de corrupción y vinculados que causen daño económico al Estado”.
Carlos Villegas, el fallecido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en enero de 2015, y la concejala María Cecilia Chacón (Soberanía y Libertad, Sol.bo) figuran en la lista de las 592 personas cuya “hoja prontuario” fue cedida por el Segip al Viceministerio de Transparencia.
En una nueva lista a la que tuvo acceso La Razón, aparte de la concejala Chacón de la agrupación opositora al MAS, también figura la exdiputada disidente del MAS Rebeca Delgado y la esposa del concejal paceño Fabián Siñani (Sol.bo).
Destaca también que entre los investigados por Transparencia del anterior gobierno esté el exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox, actual candidato por el MAS a la Gobernación de ese departamento.
También figura las exministra de Autonomías, la poeta Claudia Peña.
(18/12/2020)
