La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 22 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de “Blas Valencia y otros”, sobre violación de derechos humanos en su detención de 2001.
“La banda de Blas” salió a la palestra pública ese año, cuando se descubrió que el coronel de la Policía lideraba una banda de atracadores que dio un golpe que hizo historia, al asaltar una furgoneta de la empresa Prosegur y llevarse $us 385.000 tras asesinar a dos policías y un civil. Valencia fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, que cumple en el penal cruceño de Palmasola.
Según una nota de prensa remitida por la CIDH a La Razón, el 18 de diciembre de 2001, agentes “allanaron de manera violenta cuatro inmuebles con el objetivo de arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco… un grupo de 22 personas fueron golpeadas, 17 fueron trasladadas a dependencias de la Policía Técnica Judicial (PTJ) donde sufrieron similares vejaciones mientras eran interrogadas y fueron presentadas ante medios de comunicación como responsables del atraco, antes de haber sido procesados o condenados”.
“En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que tanto los arrestos como los allanamientos fueron ilegales”. Asimismo, la CIDH “determinó que estas personas fueron víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” y que por ello un detenido falleció mientras se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de La Paz.
Con esto, señala la nota de prensa, la Comisión “concluyó que el Estado de Bolivia es responsable de la violación” de derechos de Valencia y otros implicados en el caso. Además, en su informe, recomienda al Estado boliviano “reparar integralmente” lo sucedido, con “medidas de compensación económica y satisfacción”, y “disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas”.
Aparte, la CIDH sugiere iniciar una “investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones quee correspondan”. Y también “adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares”, complementa el documento.
