La organización de derechos humanos no gubernamental Human Rights Watch (HRW) cuestionó este jueves el decreto de amnistía del presidente Luis Arce debido a que, según su versión, “permite la impunidad por delitos graves y abusos”.
Un informe publicado por HRW en su portal web oficial remarca que el decreto otorga una amnistía “genérica o indulto” a personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, por delitos que tengan “relación directa” con la “crisis política” que se inició en octubre de 2019.
Por tanto, “parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido (del actual) gobierno”, alerta la organización.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Áñez sí persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas.
“Sin embargo, otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS, sin criterios claros sobre a quién se aplica, menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”, agregó.
Entonces, Human Rights Watch, en su documento, considera que en vez de la amnistía, los fiscales y los jueces deberían revisar todos los casos y retirar o desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados.
Asimismo, la organización cree que en los casos en los cuales hayan existido violaciones al debido proceso, deberían aplicarse las medidas de reparación previstas por la legislación boliviana.
Aparte, HRW subrayó que hay una “ambigüedad en el lenguaje” del decreto, que permitiría una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto.
“Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo. (Además), después de que una persona presente un pedido, esas instituciones oficiales contarán con tan solo tres días hábiles para revisar el caso y tomar una decisión, lo cual constituye un período extremadamente breve para realizar un análisis completo”.
En consecuencia –según Vivanco– este decreto puede también transformarse en un “sistema de justicia selectiva”, que permita al Gobierno conceder una amnistía a simpatizantes que han cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares.
Por eso, “en vez de ello, los fiscales y jueces deberían analizar todos los casos”, insistió el Director.
El pasado 12 de febrero, la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó el Decreto Presidencial 4461 de amnistía e indulto “por razones humanitarias”.
En el decreto se afirma que se busca restablecer los derechos de personas procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado, “acontecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
