Una comisión del Ministerio Público inició el proceso de análisis de cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades presentadas por el Ministerio de Justicia contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus excolaboradores.
“Esta mañana, el Ministerio de Justicia presentó en ventanilla de la Fiscalía General del Estado las cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Áñez y la documentación está siendo analizada por una comisión (…) que determinará las acciones a seguir”, confirmó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Mientras, el Ministerio de Justicia explicó que la primera proposición acusatoria fue presentada porque el gobierno de Áñez, a través del Decreto Supremo 4356, de 29 de septiembre de 2020, amplió de manera “irregular” la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa.
“Vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y, subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo (…) la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no solo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215”, precisa la nota.
El segundo caso fue planteado por un supuesto daño económico al país por más $us 24 millones por el “crédito irregular” obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Pues, “de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea, a través del Decreto Supremo 4277, de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos, a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244 millones ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses y cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a 24.3 millones de dólares”, cita el documento.
La tercera denuncia fue presentada por la presunta vulneración al derecho de la libertad de expresión porque el anterior gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4200.
“Con esa norma, (la administración de Áñez) utilizó la pandemia del coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas. Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de ‘los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población’ para someterlos a ‘cargos penales por delitos contra la salud pública’”, señala el informe.
Finalmente, el Ministerio de Justicia dio a conocer que la cuarta solicitud de juicio de responsabilidades fue presentada porque varios ciudadanos bolivianos, durante semanas, fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en “condiciones inhumanas” en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia.
Es así que “niños, ancianos y mujeres embarazadas eran parte de ese grupo de bolivianos que fue impedido de ingresar al país por el paso terrestre, mientras que otros ciudadanos que retornaban vía aérea recibieron otro trato, lo que generó el reclamo de grupos de defensa de los derechos humanos”, puntualiza el documento.
