El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este martes que el gobierno de Luis Arce decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su cuestionado rol durante la crisis política y social de 2019.
“La decisión del gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan; estamos evaluando los caminos jurídicos y probablemente no sean excluyentes, probablemente podamos seguir todos simultáneamente”, dijo la autoridad en una entrevista con el ‘streaming’ La Razón Radio (lunes a viernes, 08.00).
Almagro es criticado de manera constante por el actual Gobierno boliviano, porque considera que aquel, con un informe preliminar que desahució los comicios del 20 de octubre de 2019, fue parte de la caída de Evo Morales en medio de una ola de protestas sociales que se generaron por un presunto “fraude” en esas elecciones.
Ante esas denuncias de “fraude”, la OEA y el Gobierno suscribieron un acuerdo para que el organismo internacional realice una auditoría a los comicios.
El 10 de noviembre de 2019, el organismo emitió un informe preliminar que no validó los resultados de las elecciones por presuntas “irregularidades” y recomendó una nueva votación. Luego, Morales convocó de inmediato a nuevas elecciones y pese a ello las protestan continuaban.
Y, en medio de ese crítico escenario, incluso el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, salió en una conferencia de prensa para sugerir de manera pública la renuncia de Morales y quien horas después finalmente dejó su cargo denunciando “un golpe cívico, político y policial” porque los policías también en ese momento se encontraban movilizados.
Pero ese “informe provisional que (la OEA) emitió el día 10 de noviembre no era parte de los acuerdos entre Bolivia y la OEA; ellos tenían la obligación presentar un informe final en un plazo determinado y el informe final lo presentaron recién en diciembre (concluyendo que ‘hubo manipulación dolosa e irregularidades graves’) fuera del plazo que estaba pactado entre las partes; pero esa auditoría vinculante tenía características, no era cualquier auditoría, debía seguir un protocolo que ha incumplido la OEA”, afirmó Lima.
La autoridad agregó que estos elementos demuestran un claro “incumplimiento” del Secretario General y la OEA al compromiso suscrito con Bolivia.
Entonces, “cuando un compromiso se incumple, tiene que ser llevado ante el Consejo Permanente, ante la Asamblea General, y Bolivia lo va a hacer, hará el reclamo, y en el momento que llevemos este caso tendremos una decisión política de los países que tienen que decidir sobre la continuidad de Almagro y también (luego) plantearemos el caso ante los tribunales de justicia internacional porque hubo una evidente y un flagrante incumplimiento de las obligaciones pactadas”, insistió.
