Para el exvicepresidente Álvaro García Linera, el comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en el que ésta asegura que en noviembre de 2019 hubo una «sucesión constitucional», es la confesión del “método que se había usado el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe de Estado contra Evo Morales”: el que “ipso facto” (‘por el hecho, en el acto’) se ahorrara “formalismos” legales para posesionar a Jeanine Áñez como presidenta del Estado.
La polémica la plantea el exvicepresidente en el artículo “Ipso facto en 2019”, publicado este domingo en el suplemento Animal Político de La Razón.
En el comunicado al que hace referencia el exmandatario (leído por monseñor Ricardo Centellas el 19 de marzo), se señala que en la reunión en la Universidad Católica el 12 de noviembre de 2019 se llegó a la “solución más constitucional” del momento, que era la “elección en la Asamblea Plurinacional de la segunda vicepresidente en el Senado, en base a la Sentencia Constitucional del año 2001, que determina que no puede haber vacía de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto”.
Para García Linera, el referido procedimiento “ipso facto” va contra la Constitución, que prevé que cuando debe aplicarse la sucesión constitucional, el cargo de Presidente del Estado siempre debe recaer en la fuerza mayoritaria de la Asamblea Legislativa (Artículo 169 de la Constitución).
“La lógica de la Asamblea Constituyente de 2008, al redactar este párrafo fue que el mando del país, ante cualquier eventualidad, siempre recaiga en autoridades portadoras del voto mayoritario de los electores a fin de impedir el pervertido manejo político de décadas anteriores en el que las minorías políticas, los perdedores ante el veredicto del apoyo popular, aparezcan gobernando como lo hizo, por ejemplo, el MIR en 1989”, señala en su artículo García Linera.
“Y cuando tenga que proceder la sucesión constitucional, el mando democrático siempre recaerá obligatoriamente sobre la fuerza política con mayor votación y representantes en uno de los tres niveles de la jerarquía estatal. De ahí que, ‘ahorrarse’ ese ‘formalismo’ era simplemente asesinar a la democracia”, fustiga el exmandatario.
En la “sucesión constitucional” del 12 de noviembre de 2019, se transgredió además, dice García Linera, el reglamento de la Cámara de Senadores, cuando se promovió en la asunción al poder de Añez con base en la minoría.
“Por si no fuera suficiente, esta integralidad del orden jerárquico del Estado asentado en la lógica de gobierno de mayorías, el Artículo 75 del citado reglamento señala que, para convocar a una sesión de la cámara de senadores, el quórum obligatorio para instalar la sesión es el de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir 19 senadores de un total de 36. Los partidos opositores apenas tenían 11 senadores (nueve UD y dos PDC), por lo que no importaba cuántas invocaciones se hicieran al cielo, era imposible convertir 11 senadores en los 19 que la cámara necesitaba para sesionar”.
Incluso, si se alcanzaba el quórum para sesionar, el objetivo, dice, no debía ser otro que elegir al o a la presidenta del Senado y de ahí al Presidente o Presidenta del Estado, pero del bloque de la mayoría en la Asamblea.
“Y si sesionaba con el quórum la única ruta democrática y constitucional que había era elegir a un nuevo o nueva presidenta del senado del bloque de mayorías, en este caso del MAS que tenía 25 senadores, para que luego, inmediatamente asuma la Presidencia del Estado”, destaca García Linera en su artículo en Animal Político.
