La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que el Gobierno espera las investigaciones que se realizan a contratos de analistas y comunicadores con medios estatales en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, para emitir un pronunciamiento.
“Hay que ser responsables, por eso no hemos emitido declaraciones (de parte del Gobierno), porque cuando entramos al Viceministerio, no había documentación de procesos, de consultorías, y se ha determinado ordenar esto. Dentro de eso se halló lo de Bolivia TV”, dijo este miércoles en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.
Remarcó que Bolivia TV está llevando a cabo las indagaciones en lo que le concierne. “Cuando tengamos los resultados diremos si existió un desmantelamiento de los medios (estatales) o si se actuó conforme a ley. Cuando se termine esta investigación se va a avisar, si hubo un doble sueldo, si se pagó para análisis en programas (televisivos)”.
Eso sí, dijo que se hallaron “muchas irregularidades” en el Viceministerio a su cargo, una herencia dejada por los anteriores administradores. Y remarcó que con un presupuesto austero su entidad ahora distribuye de manera más equitativa la pauta publicitaria y se enfoca sobre todo en la campaña de información para la vacunación contra el COVID-19.
Estos documentos fueron publicados por medios de comunicación. Por ejemplo, la agencia estatal ABI publicó a mediados de este mes que un comunicador suscribió un contrato de Bs 75.275 para “escribir a favor” del gobierno transitorio entre diciembre de 2019 y 2020, cuando “desempeñaba funciones en medios de comunicación privados”.
Otro caso es de un periodista que, según una publicación de Estrella del Oriente, reproducida por el periódico estatal Bolivia, fue contratado por Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación de Áñez, y cobró Bs 82.400 “por elaborar artículos de opinión, de un promedio de siete párrafos al día durante 11 meses y 28 días” para ese diario estatal.
Documentos a los que accedió La Razón muestran también contratos de Bolivia TV con dos analistas, el primero para que cumpla la tarea de “analista político” por un monto total de Bs 10.164 (Bs 2.541 al mes), y la segunda como “investigadora en análisis político”, por un monto total de Bs 16.160, o sea Bs 4.042 por cuatro meses.
Otros dos contratos se refieren a un analista que figura en uno como “consultor”, con el pago de Bs 27.923 por sus servicios al canal estatal, y en otro se aplica la modalidad de contratación directa para que brinde el servicio de producción de un programa televisivo, por un monto total de Bs 125.280, por 96 episodios en seis meses.
