Desde la cárcel de Miraflores, la expresidenta Jeanine Áñez condenó la corrupción cometida por algunos miembros del que fue su gabinete ministerial, entre ellos su mano derecha, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, para quien pidió «todo el peso de la ley».
Así reaccionó la exmandataria este miércoles al conocer la detención de su antiguo hombre de confianza detenido en Estados Unidos acusado de presunto soborno y lavado de dinero.
«La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubo funcionarios que se alejaron de toda ética. Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, porque hacen quedar mal al país», escribió en su cuenta de Twitter.
La exmandataria es acusada de “conspiración”, “terrorismo” y “sedición” a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien abrió causa contra ella en el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, sobre el “golpe” de 2019.
En el proceso están incluidos además los exministros de la Presidencia Yerko Núñez, de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán. Mientras el primero se declaró en la clandestinidad, los dos últimos guardan detención preventiva de seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz imputados por los mismos delitos señalados contra Áñez.
A esa lista se suman Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López, ahora radicado en Brasil, según el reporte de las autoridades del Gobierno.
Murillo y López son investigados por el Ministerio Público por su presunta participación en la compra con sobreprecio —$us 2,3 millones, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI)— de material antidisturbios en 2019. Al final, el Estado de Bolivia pagó $us 5,6 millones por la compra a la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) en Estados Unidos.
Los exministros fueron imputados por el caso el 8 de enero de este año, y el 16 de noviembre de 2020 la Fiscalía Departamental de La Paz dictó las órdenes de aprehensión en su contra debido a la omisión a las citaciones judiciales.
Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020.
