El abogado Thomas Becker advirtió este jueves que el juicio instaurado en Estados Unidos contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por los delitos de soborno y lavado de dinero, podría durar dos años o tal vez menos, tomando en cuenta que es una prioridad para el gobierno de Joe Biden.
«Es difícil decir cuánto durará, especialmente durante una pandemia, porque el ritmo es un poco raro en estos días; puede durar un par de años, menos tal vez. Un par de años, yo creo (…); es una prioridad, porque es un caso especial que fue adjuntado por el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces es una prioridad para Estados Unidos», dijo en entrevista con La Razón Radio quien fuera abogado de las víctimas de la Masacre de Octubre, ocurrida en 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Agregó que el Gobierno estadounidense entiende que ese caso puede afectar las relaciones con Bolivia y otros países, por eso se convierte el proceso en una prioridad para Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigó las transacciones económicas y los sobornos del negociado de $us 2,3 millones en la compra de material antidisturbios en 2019. Murillo y otras cuatro personas detenidas en Florida son acusados de los delitos de sobornos y plan de lavado de dinero. De ser declarados culpables, se exponen a una condena de 20 años.
La investigación del FBI apunta a que desde los ministerios de Gobierno y de Defensa, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se dirigió la adjudicación para la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), que presuntamente pagó los sobornos.
En enero, la Fiscalía había informado que Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López estaban en Estados Unidos. Ambos son procesados en Bolivia por el sobreprecio en la compra de los materiales antidisturbios para la Policía y las Fuerzas Armadas, adquiridos en $us 5,6 millones
Según Becker, la demora del juicio contra Murillo dependerá de si existe o no una negociación entre el gobierno estadounidense y el acusado, porque —en su criterio— si éste se declara culpable, se puede abreviar el proceso y reducir la condena.
«Hay suficiente prueba, para entrar en la etapa de juicio. Lo que puede pasar es que un fiscal pueda negociar con el acusado. Por ejemplo, en Estados Unidos el lavado de dinero tiene una detención máxima de 20 años y soborno de 15 años; lo que puede pasar es que un fiscal negocie y si el acusado se declara culpable, no pide 15 años, sino menos años», explicó.
Becker, ahora entusiasmado por la detención de Murillo, considera que el caso “no es algo pequeño”. Puede ayudar en Bolivia a instaurar otros procesos contra Murillo, especialmente un vinculado a su actuación durante las masacres de Sacaba y Senkata, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
