Tras una investigación, la Fiscalía elaboró el requerimiento acusatorio y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos para autorización de juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por cuatro casos. Estará en manos del Legislativo la aprobación o no de los juicios.
“La @FGE_Bolivia presentó solicitud de juicios de responsabilidades contra @JeanineAnez al Tribunal Supremo de Justicia para que esta instancia remita los casos a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, informó el Ministerio de Justicia a través de sus redes sociales.
Según la ley de Juicio de Responsabilidades, de ser remitido el requerimiento de juicio al Legislativo deberá pasar a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado que, a su vez, deberá informar al pleno de la Asamblea.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, establece el parágrafo III del artículo 16 de la ley de juicio de responsabilidades.
El MAS no cuenta con los dos tercios de voto y requiere de la oposición para cumplir con esta premisa y aprobar la proposición acusatoria presentada contra Áñez por el Ministerio de Justicia.
Una de las proposiciones acusatorias es por un contrato de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según la denuncia, representó un daño económico de más $us 24 millones. El crédito de $us 327 millones no tuvo el aval de la Asamblea Legislativa y el gobierno de Luis Arce lo devolvió.
El segundo caso tiene que ver con la ampliación de la concesión a Fundempresa, mientras que el tercer proceso por la vulneración del derecho de la libertad de expresión porque el anterior gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4200.
“Con esa norma, (la administración de Áñez) utilizó la pandemia del coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas. Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de ‘los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población’ para someterlos a ‘cargos penales por delitos contra la salud pública’”, señala el informe.
El cuarto caso está relacionado a la vulneración de los derechos de los bolivianos que fueron impedidos de ingresar de Chile hacia Bolivia en plena pandemia del COVID-19.
