El Gobierno oficializó este lunes ante autoridades jurisdiccionales la “proposición de testigos” con los nombres de la expresidenta Jeanine Áñez y de su gabinete de ministros para que sean citados a declarar en la investigación por el supuesto sobreprecio millonario en la compra de gases lacrimógenos.
“Estamos ofreciendo las más amplias garantías para que vayan, declaren y más bien nos ayuden a terminar este proceso de investigación y por supuesto que la Justicia aplique lo que tenga que aplicar en función a todos los elementos y a los hechos históricos que develen el proceso”, explicó la viceministra de Transparencia Institucional, Julia Susana Ríos, en el streaming de La Razón y Extra “Piedra, papel y tinta”.
Según Ríos, la exmandataria, quien guarda detención preventiva en La Paz desde marzo, y los exministros tienen “las más amplias garantías” para presentar su declaración.
“Se los está convocando en condición de testigos, no en calidad de sindicados; no estamos iniciando un proceso ni estamos ampliando las investigaciones que fueron iniciadas en 2020 (en referencia a la compra de gases lacrimógenos con supuesto sobreprecio”, afirmó.
En el caso del exministro de Defensa Luis Fernando López, quien según las autoridades se encuentra en Brasil, explicó que éste puede acudir a cualquier consulado y prestar su declaración respectiva.
“No necesita trasladarse, nosotros le ofrecemos las más amplias garantías para que vaya a dar su declaración porque no queremos satanizar este hecho, ha habido una compra, ha habido sobreprecio y un intermediario”, remarcó.
Leer además: Longaric califica de ‘absurdo’ el pedido para que exministros de Áñez declaren en caso Gases lacrimógenos
Río recordó que entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, el gobierno de Áñez emitió tres decretos supremos -4090, 4116 y 4168- que establecieron –según dijo- un procedimiento atípico para la compra del material no bélico y gases lacrimógenos cuya denuncia de sobreprecio apareció primero en un medio de comunicación y luego el tema se amplió a una investigación en la Asamblea Legislativa.
El FBI investigó el hecho y detuvo al exministro Arturo Murillo y a otros cuatro involucrados en el delitos de lavado de dinero y pago de sobornos.
Recordó que los exministros fueron convocados a declarar, pero éstos no asistieron.
Ríos indicó que los decretos supremos permitieron primero la asignación de recursos para la compra del material no letal y gases lacrimógenos y que luego el exministro López procedió a la adquisición favoreciendo con la “exención de tributos” que permite la ley a material bélico, y que luego el exministro tuvo que hacer otro decreto para que el equipo adquirido sea transferido al Ministerio de Gobierno.
Según la Viceministra, se trató de un procedimiento que no es normal porque el DS 181, de compras del Estado, permite varias modalidades como la compra directa o licitación.
Leer además: Suman 20 investigados por caso Gases y Lanchipa ratifica que ‘no es persecución política’
“Otro elemento es que (la compra) se lo hace por un intermediario. Se hacen movimientos de cuentas del BCB (Banco Central de Bolivia) a una cuenta de Estados Unidos y de Estados Unidos a Bolivia, y esto obviamente implica una especie de lavado de dinero producto de la legitimación de ganancias ilícitas”, dijo.
“Lo que estamos haciendo es convocar a la expresidenta y su gabinete para que nos informe qué es lo que ha pasado con los decretos, cómo es que se han emitido, cuál ha sido la necesidad, si realmente había una premura como se mencionó. También tomando en consideración que autoridades salieron haciendo referencia que no conocían estos hechos y no han amparado hechos de corrupción”, acotó la Viceministra.
Ríos precisó que “todo servidor público es responsable por lo que firma, independientemente del grado de responsabilidad y jerarquía”, en respuesta a argumentos de desconocer los actos de corrupción derivados de la firma de los decretos supremos.
