El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, en conferencia de prensa efectuada la mañana de este lunes en Sucre, informó que más de veinte testigos sustentan la materia justiciable para iniciar el proceso en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por tres proposiciones acusatorias que fueron presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el viernes.
“El número de declaraciones supera la veintena porque hemos convocado a diferentes testigos, son cuatro hechos que se han puesto a conocimiento. Por ejemplo, para el caso del préstamo del FMI hemos requerido la participación de miembros del poder Ejecutivo, Legislativo, pero también del Banco Central. Del mismo modo, para lo que es el Decreto Supremo 4200 han venido de esos mismos lados, entonces son muchas personas que han declarado y nos han dado cuenta de materia justiciable para el procesamiento de estos tres casos”, remarcó.
Explicó que una vez cumplida la etapa preliminar de los 30 días ampliados hasta el 28 de mayo pasado, corresponde la etapa preparatoria del juicio.
“Nosotros en cumplimiento de la normativa de la Ley 044 y su modificación correspondiente, hemos remitido al TSJ para que en pleno considere estos requerimientos acusatorios y solicite la autorización de juzgamiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que a través de la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público, se considere la correspondiente autorización”, explicó.
Las más de 20 personas que fueron citadas, serán convocadas nuevamente para declarar en el marco del juicio para corroborar los elementos probatorios. “Los tiempos que demande el proceso entre el TSJ y la ALP, dependerá de la organización de estas instancias”, aclaró Quispe.
En el estado de situación que se encuentran las proposiciones acusatorias contra Áñez, dijo que fueron aceptados tres: La aprobación irregular y falta de cumplimiento en el procedimiento de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI); aplicación del Decreto Supremo 4200, el cual criminaliza la libertad de expresión en su artículo 13, parágrafo segundo; y la ampliación ilegal e inconsulta sobre el registro de comercio a favor de Fundempresa.
Respecto a la cuarta proposición acusatoria presentada, sobre la retención de bolivianos en la frontera con Chile, anunció que fue rechazada porque no se pudieron colectar los suficientes indicios que puedan dar materia justiciable.
“Sin embargo, aquello no significa que esta situación quede cerrada. Las personas que consideren mancillado su derecho con relación a la presentación de esta proposición acusatoria podrán volver a hacer la acusación y se reconsiderará para fines consiguientes”, puntualizó.
