El canciller Rogelio Mayta adelantó este martes que el proceso de solicitud de extradición de Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa en el gobierno transitorio, respectivamente, no será rápido por la complejidad que representa realizar este tipo de trámites.
“Hasta este momento, la Cancillería no ha recibido ninguna solicitud de extradición del señor Murillo ni del señor López por ninguna instancia judicial de Bolivia; es probable que eso se realice más adelante, (pero) esos procesos no son rápidos, tienen su propia complejidad”, dijo en una conferencia de prensa.
Murillo y López se encuentran investigados, entre otros hechos, por la presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
De hecho, el exministro de Gobierno ya se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos que se registraron durante ese proceso de adquisición, que demandó a Bolivia $us 5,6 millones y tuvo, según investigación realizada en el país del norte, un sobreprecio de $us 2,3 millones.
El Ministerio Público de Bolivia, el pasado viernes, dio a conocer que, a través de la presentación de un requerimiento ante un juzgado de La Paz, inició el proceso para la extradición de Murillo de Estados Unidos. Entretanto, se presume que López se encuentra en Brasil.
En ese sentido, “hay que dejar en claro que las extradiciones son comunicaciones entre la administración de justicia de un país con la de otro (y es así que) acá es el juez de un proceso (después de recibir el requerimiento de la Fiscalía) el que tiene que solicitar la extradición a un juez de otro país y el rol que le toca a la Cancillería es transmitir por la vía diplomática esa solicitud”, agregó Mayta.
Además, explicó que si el juez da curso a ese pedido del Ministerio Público, dispondrá que se haga un legajo de extradición, que contendrá todos los documentos del proceso.
Luego, “eso se debe transmitir por vía diplomática y ese legajo debe ser traducido al inglés, por un traductor autorizado que sepa lenguaje técnico jurídico y esté acreditado, (entonces todo) eso lleva su tiempo porque generalmente, como el documento tiene que ser sólido y amplio, suele ser de varias páginas y páginas”, indicó.
La autoridad señaló que “no es crucial para la Cancillería” el proceso independiente que se lleva contra Murillo en Estados Unidos. Aunque, “eventualmente tocará hacer un seguimiento por los canales ordinarios que se tienen para estas situaciones considerando, sobre todo, que más allá de que haya sido un gobierno de facto, (el procesado) ha estado en un alto cargo”.
En entrevista con La Razón publicada el fin de semana, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips afirmó que si Murillo es condenado en su país, deberá cumplir su pena judicial antes de ser extraditado.
Mientras, en Bolivia el proceso investigativo sobre gases lacrimógenos y otros derivados de ese hecho también avanzan. El lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que suman 20 las personas investigadas, entre ellas varias que ya están detenidas.
