Una comisión legislativa aprobó este miércoles las proposiciones de juicios de responsabilidades contra el exministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, y padre de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Hugo Salvatierra Gutiérrez, y el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
También aprobó similares procedimientos para los exministros Silvio Javier Comboni Salinas (2004), Javier Gonzalo Cuevas (2004) y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer (2004) y para el exprefecto de Potosí, Sergio Medinaceli Soza.
Incumplimiento de deberes es el delito por cual se lo acusa a Salvatierra por un caso de 2008, en el primer gobierno de Evo Morales, vinculado a la adjudicación de 99 tractores, marca FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales afectadas por desastres natural en 2006.
Un Auto Supremo del 27 de septiembre de 2008 acusó a Salvatierra de haber cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.
En el caso de Fernández, se lo acusa de haber emitido resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica.
Las proposiciones de juicios de responsabilidades, en el caso de los otros tres exministros, apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas, según un boletín de la Cámara de Senadores.
En el caso de Medinaceli Soza, los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La información fue proporcionada por la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa, senadora Patricia Arce, quien detalló que hasta la fecha se aprobaron peticiones para 10 juicios de responsabilidades.
“Serán remitidos a la Asamblea Legislativa, esperamos contar con los dos tercios y solucionar este tema que ha sido de preocupación y ha retardado mucho la justicia”, dijo.
Las solicitudes de juicios de responsabilidades a exautoridades de la gestión 2008 fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento respectivo.
