El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó este miércoles que es una “posibilidad legal” vigente que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia, también pueda acceder a la libertad bajo fianza, al igual que su exjefe de gabinete Sergio Méndez.
“Hemos indicado que (eso) es una posibilidad legal, pero veremos las condiciones en las que (pueda) avanzar su negociación, esos acuerdos que se tratan de hacer por parte de su defensa con la Fiscalía a objeto de minimizar o rebajar la sanción penal que le correspondería si no colabora con la investigación que se desarrolla allí, (entonces) es una posibilidad que se da en todos los casos”, señaló.
En ese sentido, subrayó que Bolivia respeta la norma procesal vigente en Estados Unidos, pero eso no significa que deje de reclamar por sus derechos en su condición de víctima por los actos cometidos por Murillo y otros investigados en el país del norte.
Por tanto, “vamos a seguir los procedimientos respectivos en defensa de los intereses del Estado y obviamente también, si una persona accede al beneficio de libertad bajo fianza, no significa que sea absuelta por la Justicia”, indicó Chávez en una entrevista con Bolivia TV.
Explicó que si accede a un acuerdo, lo primero que deberá hacer es reconocer sus actos, “es decir, declararse culpable y solo bajo ese supuesto se podría beneficiar luego con la rebaja de la pena u otros beneficios y eso implica el cumplimiento de una condena en Estados Unidos”.
“Entonces, aquí no hay nada que pueda indicar que este señor, si accede a una libertad bajo fianza, pueda estar exonerado de pena, de ninguna manera, esto va a continuar y vamos a tener una sentencia porque se hizo un informe que claramente ha detallado la forma en que se ha robado los dineros de los bolivianos y se ha llevado a Estados Unidos; hubo soborno, conspiración y lavado de dinero, delitos federales que no van a ser de ninguna manera hechos a un lado por parte de la Fiscalía y menos por la Justicia norteamericana”, insistió.
Según investigaciones realizadas en ese país, los gases lacrimógenos, comprados durante el gobierno de Jeanine Áñez a través de una empresa intermediaria, tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
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