El canciller Rogelio Mayta pidió ser pacientes y cautos en el proceso de solicitud de extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez.
“Por lo que le corresponde a la Cancillería, hasta este momento no nos ha llegado (nuevamente la solicitud) de extradición, hay que ser cautos y pacientes, la Justicia va lento y en los casos de extradiciones, que deben realizarse hasta los Estados Unidos, se debe tener particular cuidado”, dijo la autoridad.
En ese sentido, recordó que los fiscales o las autoridades que impulsan este tipo de procesos tienen que tener mucho cuidado en hacer un buen legajo de extradición, es decir, los documentos que acompañarán la solicitud.
“Y eso tiene que cumplir todos los requisitos de lo que se llama la causa probable, o sea tiene que estar toda la prueba para que el juez de los Estados Unidos, cuando revise esos documentos, diga que es muy probable que las personas que están siendo acusadas realmente sean los autores de delitos”, afirmó en una entrevista con la Red Uno.
Caso contrario, según la autoridad gubernamental, es posible que se rechace la solicitud y por eso es muy importante el trabajo de los fiscales del país o las partes que están impulsando este proceso.
Por otro lado, reiteró que toda la documentación debe tener una correcta traducción al inglés y eso puede llevar también su tiempo porque generalmente no se trata de legajos o expedientes de 10 o 20 páginas, sino bastante voluminosos.
“Además, esas traducciones, de acuerdo a las reglas específicas que se tiene con los Estados Unidos, deben ser realizadas por traductores acreditados por la Embajada de Estados Unidos y que tengan especialidad en el lenguaje técnico jurídico, o sea hay que ser pacientes, no es algo que se pueda hacer muy rápido; si las autoridades quieren que ese proceso de extradición tenga éxito, tienen que ser muy cuidadosas”, insistió.
De hecho, hace un mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya devolvió a la Justicia la primera solicitud de extradición de Murillo, precisamente, por tener falencias en el requerimiento como la traducción y la legalización de la documentación.
Según investigaciones realizadas en Estados Unidos, la compra de gases lacrimógenos, mediante una empresa intermediaria, demandó a Bolivia $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Murillo fue detenido junto a Sergio Méndez, su exjefe de gabinete, y tres empresarios de la firma Bravo Tactical Solutions (BTS), que fue beneficiada con la provisión del material antidisturbios.
