Los familiares de los muertos por la represión en Senkata, el 19 de noviembre de 2019, apelarán al sentido de justicia de la bancada opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta dé vía libre al juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.
En el programa La Razón Radio de este martes, la presidenta de las víctimas de Senkata y la zona Sur de La Paz, Gloria Quisbert, pidió que el proceso por los asesinatos no sea visto como una acción política, sino de justicia.
“Vamos a pedir ayuda porque esto no es nada político; lo único que les pedimos es que nos colaboren en la justicia por las muertes; no permitamos esta injusticia que ha pasado, esta masacre, esta vulneración a nuestros derechos; lo de noviembre de 2019 no tiene ni olvido ni perdón, por eso les pido que nos colaboren, por la justicia que buscamos por la muerte de nuestros familiares”, afirmó Quisbert.
El pedido es directamente a la actual bancada opositora (formada por Comunidad Ciudadana y Creemos) que tiene en sus manos la vialidad de los juicios de responsabilidades, pues es sólo con su voto que se puede conseguir los dos tercios de los asambleístas necesario para aprobar el proceso. La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya se expresó en sentido de apoyar dicho juicio.
Ayer, lunes, el Ministerio de Justicia hizo público el “aviso de inicio de investigaciones” que envió el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, al Tribunal Supremo de Justicia, sobre la admisión en el Ministerio Público de la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Añez por las masacres de Senkata (El Ato) y Sacaba (Cochabamba).
La proposición acusatoria fue presentada a la Fiscalía por un grupo de 20 personas; acusan a la expresidenta transitoria Añez de genocidio, lesiones graves y leves, y lesiones seguidas de muerte; específicamente por haber emitido el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 por el cual se liberaba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en las consecuencias que pudieran haber por los actos de represión que efectuaran contra actos de protesta de sectores sociales.
La propuesta acusatoria fue presentada a la Fiscalía, que tiene 30 días hábiles para determinar si hay o no fundamento jurídico para la acusación contra Añez; luego de pasar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el proceso derivará en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá analizar si procede el juicio de responsabilidades.
Hace poco menos de un mes, el 6 de junio de 2021, el líder de Comunidad Ciudadana, el excandidato presidencial Carlos Mesa, si bien fue tajante en señalar que su bancada no apoyará ningún juicio contra Áñez por el presunto “golpe de Estado” en 2019, en entrevista con el periódico Los Tiempos de Cochabamba, también dejó en claro que si se presenta un caso “por violación de derechos humanos o por corrupción y que esté fundamentado y adecuadamente documentado, nosotros lo vamos a viabilizar porque no tiene nada que ver con la falsa teoría del golpe de Estado”.
Por su parte, el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero Rodríguez, que acompaña la demanda, dijo que los hechos denunciados han sido ampliamente documentados por diferentes medios de comunicación e instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
“Sería insólito que no se cuente con el apoyo (de los asambleístas plurinacionales); no es un proceso que se estuviera ‘armando’; todo ha sido de conocimiento público, ese decreto macabro ha sido promulgado de manera pública. En base al Decreto 4078, sucedieron estas masacres y desgracias, las matanzas. Este proceso no es para perseguir a nadie; hay informes nacionales e internacionales al respecto, cómo podría haber alguien que no dé curso a que se investigue estos hechos luctuosos; sería decepcionante que nuestros representantes no apoyen esta iniciativa aprobada ayer”.
Por lo menos en el registro que ese momento mostró La Razón, en su edición del 24 de noviembre de 2019 (suplemento Animal Político), las muertes por represión militar y policial se duplicaron tras la aprobación del decreto presidencial 4078, el 14 de noviembre: si hasta ese día hubo 15 muertos, promulgada la referida norma la cifra se incrementó a 17 muertos más, la mayoría precisamente en Sacaba y Senkata.
