Con base en las conclusiones de una pericia internacional, la Fiscalía General del Estado reafirmó su requerimiento de sobreseimiento de los otrora acusados en el caso Fraude y consideró que en las elecciones generales de 2019 no hubo manipulación de datos.
En conferencia de prensa la tarde de este martes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, leyó las principales conclusiones del informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que hizo las pericias sobre los resultados de las elecciones anuladas de 2019.
Informó que, con base a esas conclusiones, la comisión de fiscales “emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal, determinación puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.
Lanchipa consideró que la pericia “fue elaborada por un equipo de primer nivel compuesto por expertos internacionales, con una amplia experiencia respaldada por prestigiosas universidades extranjeras que solventan su trabajo, otorgando certeza al contenido del informe”.
Destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.
El informe de la Universidad de Salamanca al que accedió La Razón, Análisis de integridad electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019, fue emitido el 28 de junio de 2021 y notificado luego a las autoridades jurisdiccionales por la fiscal de materia Ingrid Rocío Feraudi Guerra.
El documento consigna análisis sobre el sistema informático que operó en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, tanto del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo final.
“El análisis pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron varias negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP. Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos ya que no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral”, señala una de las conclusiones.
A las 19.40 del domingo 20 de octubre de 2019, horas después del cierre de la votación, el TREP fue paralizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando los resultados del conteo rápido señalaban una victoria parcial del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 45,8% de los votos, seguido de Comunidad Ciudadana (CC), con el 38,1%.
Frenado intempestivamente al 83,7% el TREP, motivó inmediatamente el reclamo de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigió explicaciones sobre el incidente al TSE. Carlos Mesa, entonces candidato de CC, también cuestionó el percance.
El incidente fue el motivo principal de las protestas de la oposición del MAS para cuestionar las elecciones y considerar que hubo “un monumental fraude”, como llamó Mesa luego.
El informe del del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE —firmado por Pablo Plaza Martínez, Juan Manuel Corchado Ramírez y Manuel López Pérez— señala que en la gestión del caso hubo “usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático”. “Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas se considera desde el punto de vista técnico altamente improbable debido a que para llevarlo a cabo sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos (tanto TREP como cómputo oficial) utilizados durante el proceso electoral”, dice el informe.
Entonces, la OEA concluyó que “la interrupción del TREP y el posterior redireccionamiento del flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema”.
“En efecto, el análisis pericial revela que, de manera deliberada, se construyó una estructura informática oculta, con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”, continuó el informe final de la OEA.
Los cuestionamientos al proceso electoral motivaron las protestas de Mesa y otras fuerzas de oposición. El 21 de octubre, el candidato de CC llamó a hacer vigilias frente a los tribunales electorales, que desató luego un conflicto al que se sumó el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Las movilizaciones desembocaron en un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas y la renuncia del Morales, el 10 de noviembre. En cuestionada sucesión, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta el 12 de noviembre de 2019.
