Exautoridades electorales nacionales y departamentales conformaron una asociación de víctimas de “persecución política” y anunciaron que buscarán el resarcimiento por el daño ocasionado en su contra con los procesos judiciales iniciados por denuncias de “fraude” en las elecciones de octubre de 2019.
“Nosotros hoy hemos presentado un pronunciamiento por el que se hace conocer a la opinión pública la conformación de una asociación de exautoridades electorales víctimas de la persecución política tras las elecciones de 2019”, confirmó el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Idelfonso Mamani.
Agregó que a partir de este primer hecho, los exvocales del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) empezarán a “diseñar y trabajar permanentemente” en todas las estrategias y acciones que sean necesarias ante instancias nacionales e internacionales, si corresponde, “para lograr que se dé el resarcimiento y reparación integral de los daños”.
Para ello “también (vamos a recurrir) a las instancias de protección de los derechos humanos”, afirmó Mamani en una conferencia realizada junto a varias otras exautoridades electorales.
Esta decisión de los exvocales se anuncia después de que varios de ellos incluso fueron encarcelados por el supuesto “fraude” y en los últimos días el Ministerio Público determinó el sobreseimiento de los procesados a partir de la emisión de una pericia internacional que descartó la “manipulación de votos” en las elecciones anuladas.
El pasado martes, el propio fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, leyó las principales conclusiones de un informe elaborado por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que hizo las pericias sobre los resultados de los comicios.
En ese sentido, Lanchipa destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”, tal como planteó una auditoría de la Organización de Estados Americanos.
Por tanto, los exvocales, en su pronunciamiento público, consideran que hubo una “demostración plena y absoluta de la inexistencia de delito alguno en el proceso de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019” y ahora exigirán la “reparación integral de los daños causados en los aspectos moral, material, inmaterial y el quebrantamiento del proyecto de vida por el ilegal e indebido procesamiento judicial y persecución política”.
