“No somos colonia ni del Vaticano, ni de la Unión Europea” y quienes asistieron a la cita en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para tratar la sucesión, tras la renuncia de Evo Morales, tuvieron una “participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo el derecho del pueblo”, aseguró el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.
Chávez compareció este martes en la Comisión de Gobierno de Diputados e hizo un recuento de todo lo ocurrido en la crisis de noviembre de 2019. Dijo que la Iglesia Católica no tenía ninguna atribución para convocar a reuniones políticas, junto a la Unión Europea, más aún, sostuvo, cuando Bolivia es un país laico y sin ningún tipo de tutela.
A esa convocatoria acudieron actores políticos como el expresidente Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, Ricardo Paz y Jerjes Justiniano. Se empezaron a reunir el 10 de noviembre, poco después de la dimisión de Morales, y viabilizaron que la senadora Jeanine Áñez tome el poder.
“Tenemos que indicar que la participación de estos actores, al margen de ser una participación contraria a la Constitución, es una participación ilegal, es una participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo los derechos del pueblo, eso es un delito”, cuestionó Chávez.
También asistieron a esa cita la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras Teresa Morales y la exdiputada Susana Rivero.
Áñez tomó el poder el 12 de noviembre, luego de haberse declarado presidenta del Senado en una sesión sin quórum y sin corresponderle ese cargo que debe recaer, según el Reglamento de Debates, en un legislador de la mayoría, según se denunció.
Justamente la Procuraduría activó una ampliación de la denuncia del caso golpe de Estado y este martes la Justicia ordenó que Áñez guarde detención por seis meses. Está recluida desde marzo por el caso golpe de Estado, acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
En ese noviembre de 2019, las denuncias de fraude electoral alentaban las protestas cívicas que se agravaron con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció irregularidades en las justas de octubre. Se vino un motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de renunciar.
Chávez aseguró que la OEA hasta el momento solo entregó un informe de la auditoría y no propiamente la auditoría que debía realizar al proceso eleccionario anulado.
“La democracia ha sido quebrantada en noviembre de 2019 y la Procuraduría tiene y tenía que intervenir en este proceso y lo va a seguir haciendo, nosotros tenemos ese mandato constitucional al que no vamos a renunciar”, aseguró.
